Granada: El TSJA alerta de un sistema judicial colapsado y en crisis de confianza mientras evita pronunciarse sobre la imputación del Fiscal General
Reportaje Ramón Martín (Motril@Digital)
Granada.- Ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ni la Fiscalía Superior quisieron pronunciarse sobre la imputación del Fiscal General del Estado en el solemne acto de inicio del año judicial celebrado en Granada. Sí advirtieron, en cambio, de la gravedad de los ataques y el acoso que están recibiendo jueces y magistrados, en un contexto de reformas polémicas y fuerte desconfianza social hacia la justicia.
El presidente del TSJA abrió su intervención señalando que “la justicia llega a este curso en un contexto convulso, con un sistema colapsado y una grave crisis de confianza social”. Destacó que el despliegue de la Ley Orgánica 1/2025 supondrá una transformación radical de la organización judicial, con la conversión de cientos de juzgados en tribunales de instancia. Advirtió, no obstante, que sin medios tecnológicos adecuados existe el riesgo de que la reforma se quede en un mero “ilusionismo judicial”.
La Fiscal Superior de Andalucía, por su parte, aportó datos que confirman la sobrecarga: un aumento del 9 % en asuntos penales, con repuntes en violencia de género (+35 %), procedimientos con jurado (+22 %) y delitos leves (+15 %). Alertó del panorama “muy peligroso” en el narcotráfico, que utiliza las costas andaluzas como ruta de entrada de cocaína en Europa, y reclamó más recursos humanos y materiales para hacer frente a las macrocausas y al crimen organizado.
Ambos responsables coincidieron en situar la corrupción como una de las principales amenazas al Estado de Derecho. Recordaron que el Consejo de Europa, a través del GRECO, reprocha a España el incumplimiento de la mayoría de las recomendaciones en materia de transparencia y prevención, lo que demuestra la debilidad de los controles actuales.
El presidente del TSJA añadió que la polarización política y la judicialización de los conflictos están minando la confianza ciudadana en las instituciones. Señaló que la división de los partidos ha bloqueado reformas de calado y que las descalificaciones públicas a jueces y tribunales “son impropias de un Estado de Derecho avanzado”.
El acto institucional reunió a representantes de los tres poderes del Estado, autoridades civiles y militares, colegios profesionales y operadores jurídicos, como muestra de respaldo al sistema judicial. No obstante, la ausencia de referencias al caso del Fiscal General del Estado evidenció la prudencia de las intervenciones, centradas en remarcar la necesidad de consensos, modernización y respeto institucional.
Los discursos concluyeron con un mensaje de compromiso hacia la ciudadanía: la judicatura y la fiscalía mantendrán su independencia y sometimiento exclusivo a la ley, al tiempo que llamaron a “humanizar la justicia” para hacerla más cercana y eficiente en un momento de fuertes desafíos.