La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada ha inaugurado el curso 2025/2026 manteniendo el foco en el Estado de Derecho, materia que ha protagonizado las actividades de la Corporación desde la clausura del año 2023/2024, si bien en esta ocasión el encargado de analizar las causas y efectos de esta preocupación social ha sido Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y del Instituto de España, que integra a las diez reales academias de ámbito nacional.

Tras ser presentado por su homólogo granadino, Rafael López Cantal, quien ha repasado sus extensos méritos y ha resaltado su “personalidad humilde, generosa y dispuesta”, el también abogado del Estado, letrado de las Cortes Generales e inspector de servicio del Ministerio de Hacienda ha ofrecido la conferencia titulada ‘La inquietante situación de nuestro Estado de Derecho’. “Acudo ante ustedes con una enorme preocupación, la del rampante desprecio al Derecho que va tomando cuerpo hoy en ciertos sectores de nuestra sociedad y de nuestro Estado”, ha comenzado declarando el doctor y catedrático de Derecho Financiero y Tributario.

Así, Cazorla Prieto ha desgranado los que, a su juicio, son los detonantes de esta inquietud que emana del debilitamiento del sentido de los límites, empezando por la propia Constitución Española y la desfiguración de su carácter abierto e impreciso. “No sólo se han roto ruidosamente los consensos entre los dos sectores políticos que cuajaron el consenso constitucional inicial, sino que han surgido diferentes fuerzas políticas que quieren que la Constitución se tambalee y que contribuyen decisivamente a difuminar hasta lo impensable sus límites, por muy difusos que sean”, ha asegurado.

La judicialización de la política y la politización de lo judicial ha sido la segunda causa de la actual zozobra del Estado de Derecho, ya que “contribuyen a desdibujar la función de los órganos jurisdiccionales y enturbian la plasmación del principio de separación de poderes”, según ha manifestado el que fuera secretario general del Congreso de los Diputados y letrado mayor de las Cortes Generales.

Asimismo, Cazorla Prieto se ha referido también al vaciamiento de las funciones propias de las Cortes Generales en favor del Gobierno como origen del creciente deterioro del Estado de Derecho, refriéndose en este sentido al avance del populismo legislativo, el traslado de la función legislativa a manos del Gobierno, la creciente falta de preparación y especialización técnica de diputados y senadores, el deterioro del espíritu y del estilo parlamentarios y la abusiva utilización de la prórroga presupuestaria como factores determinantes.

Ante este escenario, el jurista ha hecho una llamada a la acción de los actores políticos y sociales para recuperar la salud del Estado de Derecho, incidiendo en el papel que tienen las reales academias en este cometido y compeliéndolas a hacerse cargo de la situación y ser conscientes de los peligros que entraña, analizar el fenómeno y profundizar en las particularidades de cada una de sus aristas y trasladar el resultado de sus conclusiones a los poderes públicos y a la sociedad. “La salud de un sistema democrático sustentado en un Estado social y democrático como es el de la Constitución de 1978 requiere constante vigilancia y las Reales Academias de Jurisprudencia deben ser uno de los vigilantes”, ha concluido.

Reconocimientos

Tras su disertación, el acto inaugural ha proseguido con la entrega de los Premios Anuales de la Corporación correspondientes a la convocatoria 2024, con los que la RAJYL de Granada reconoce los mejores trabajos en Ciencias Jurídicas con especial énfasis en su ámbito de actuación, que se extiende a las provincias de Almería, Jaén y Málaga y la ciudad autónoma de Melilla.

Así, Juan José Ruiz Ramos (de la Universidad de Granada) y Francisco Verdún Pérez (de la Universidad Autónoma de Madrid) han recibido de manos del presidente de la Academia granadina y de la española los Premios a Mejor Tesis Doctoral de Derecho Público y de Derecho Privado, respectivamente, por sus investigaciones  ‘La libertad de circulación de los solicitantes de asilo dentro del Estado de acogida en el Derecho Internacional y Europeo’ y ‘Análisis y síntesis de la jurisprudencia del TJUE interpretadora de la Directiva 93/12 sobre cláusulas abusivas con propuestas de lege ferenda a fin de elevar la protección del consumidor’.

Por su parte, Guillermo Escobar Roca ha recogido el Premio Luis Portero García por el estudio ‘Derechos como razones. Cómo avanzar con palabras hacia la libertad real e igual para todos’, entregado por Ana Belén Sánchez Requena, concejal del Ayuntamiento de Granada, patrocinador de este galardón. El galardón Luis de Angulo Rodríguez, auspiciado por la Fundación Mutualidad y entregado por López Cantal, ha recaído en María Pastrana Espárraga por su obra ‘Restricciones a la competencia mediante algoritmos en mercados digitales’. Asimismo, Paola Zouak Lara, autora de ‘La irrupción de la Inteligencia Artificial en los smart contracts: luces y sombras del nuevo derecho contractual’, ha sido merecedora del Premio José Luis Pérez-Serrabona y Sanz, patrocinado por la familia del reputado jurista y entregado por José Luis Pérez-Serrabona González, decano de la Facultad de Derecho y académico de número electo de la RAJYL de Granada.

En el apartado de distinciones impulsadas por instituciones jurídicas, el Premio Ilustre Colegio Notarial de Andalucía ha vuelto a recaer por segundo año en Antonio José Vela Sánchez, en esta ocasión por un trabajo titulado ‘La actual capacidad de los menores en el ámbito sucesorio y la intervención notarial’, recibiendo el galardón por parte de María Teresa Barea Martínez, vicedecana de la entidad otorgante y académica de número de la Academia. Por último, Pau Cuquerella Miralles, y su investigación ‘Los registros jurídicos de bienes ante la Inteligencia Artificial. Del registro electrónico al registro ¿inteligente?’, ha obtenido el Premio Decanato Territorial de Registradores de Andalucía Oriental, entregado por María Belén López Espadas, académica de número electa y registradora de la propiedad.