Jueces y fiscales anuncian huelga los días 1, 2 y 3 de julio en protesta contra las reformas del Gobierno
Huelga simbólica de jueces y fiscales en Granada. Foto Ramón Martín (Motril@Digital)
Motril@Digital. -Cinco asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio en toda España como respuesta directa a las reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia. La protesta, que amenaza con paralizar parte del sistema judicial, se produce tras semanas de tensión y una serie de acciones previas como paros simbólicos y concentraciones.
Las organizaciones convocantes —Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— denuncian que las medidas promovidas por el Ejecutivo suponen un grave retroceso para la independencia judicial y los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la carrera judicial y fiscal.
Entre los puntos más criticados se encuentran la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, que abre la puerta a vías alternativas que reducen las pruebas objetivas tradicionales, y la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que otorgaría mayor poder al Fiscal General del Estado, designado por el Gobierno.
La huelga llega tras un proceso de movilización creciente: el pasado 11 de junio se realizó un paro simbólico de diez minutos en juzgados de todo el país, con un seguimiento superior al 70?% según las asociaciones. Posteriormente, se consultó a las bases de cada organización, con un respaldo mayoritario a una convocatoria de huelga que, ahora, se materializa en una fecha concreta.
Además, el próximo 28 de junio se celebrará una concentración frente al Tribunal Supremo en Madrid como acto previo a la huelga. Las asociaciones han advertido de que las protestas podrían prolongarse si no hay una rectificación por parte del Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños.
El Gobierno, por su parte, defiende que las reformas buscan modernizar el sistema judicial y hacerlo más eficiente y accesible, una postura que los convocantes rechazan por considerar que pone en riesgo la separación de poderes.
De mantenerse la convocatoria, se trataría de la mayor protesta unificada del poder judicial desde 2018, en un contexto de creciente tensión institucional y con posibles efectos significativos sobre la actividad de los tribunales en todo el país.