Reportaje Ramón Martín (Motril Digital)

Algo más de una treintena de tiendas de campaña resisten en la explanada del Palacio de Congresos de Granada. El campamento ha perdido buena parte de su dimensión inicial, pero conserva intacto el mensaje que lo hizo nacer: la vivienda no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes pueden pagarla. Desde el pasado 3 de octubre, cuando una multitudinaria manifestación recorrió las calles de la ciudad para denunciar el encarecimiento de los alquileres y la especulación inmobiliaria, este espacio se ha transformado en un símbolo de resistencia ciudadana.

Donde al principio llegaron a levantarse cerca de 200 tiendas, con más de 500 participantes en los momentos de mayor afluencia, permanecen ahora unas pocas decenas. El paisaje ha cambiado, pero no la reivindicación. Entre lonas, sacos de dormir, pancartas y mensajes escritos a mano, quienes continúan acampados mantienen viva una protesta que trasciende la ocupación de una explanada: es el reflejo de una dificultad cotidiana que afecta a estudiantes, trabajadores y familias que encuentran cada vez más obstáculos para acceder a una vivienda digna.

La acampada, impulsada tras la movilización popular y respaldada por colectivos como el Sindicato de Vivienda de Granada, nació para denunciar un mercado inmobiliario que, a juicio de sus participantes, antepone el beneficio económico a las necesidades de quienes buscan un lugar donde vivir. Durante sus primeras jornadas, el campamento se organizó en torno a asambleas, talleres y espacios comunes. La explanada se convirtió en un lugar de encuentro, debate y organización colectiva, mientras la protesta alcanzaba una dimensión capaz de alterar incluso algunos actos institucionales previstos en su entorno.

Con el paso de los días, la retirada de parte de los participantes y el desplazamiento de algunos esfuerzos organizativos hacia otras convocatorias redujeron el tamaño de la acampada. Sin embargo, las tiendas que siguen en pie dibujan una escena que contradice cualquier interpretación de la protesta como un episodio ya concluido. Sus ocupantes insisten en permanecer en las calles y sostienen que la defensa del derecho a la vivienda no puede depender de los calendarios políticos ni de los cambios de Gobierno.

«Gane quien gane, seguimos en las calles», proclama una de las frases que pueden leerse en el campamento. La consigna resume el espíritu de quienes desconfían de las promesas electorales y reivindican la movilización como herramienta para defender sus derechos. Otros mensajes apuntan directamente contra la especulación, los grandes propietarios y el modelo económico que, según denuncian, convierte los hogares en activos de inversión.

«No trabajo para engordar tu herencia», advierte una pancarta. Cerca, otra sentencia: «Un rentista está más cerca de matarte que de echarte». El tono es contundente, a veces provocador, y refleja el enfado de quienes consideran que el encarecimiento de la vivienda amenaza mucho más que la estabilidad económica: compromete la autonomía personal, la posibilidad de formar una familia o, sencillamente, el derecho a construir un proyecto de vida en la ciudad donde se estudia o se trabaja.

Granada aparece también retratada en sus propias contradicciones. «El Albaicín no está en venta» y «Tu especulación, mi indignación» señalan la tensión entre la identidad de los barrios y las dinámicas que transforman el uso residencial de los edificios. En una ciudad marcada por la actividad turística y universitaria, el acceso a un alquiler asequible se ha convertido en una preocupación que atraviesa distintas generaciones. Una de las frases escritas en el campamento lo expresa desde una perspectiva especialmente cotidiana: «¿Cómo puedo ir a estudiar si no tengo dónde vivir?».

La protesta tampoco ahorra críticas a las instituciones y a los partidos políticos. «PSOE: ni socialista, ni obrero, traidor» y «Pedro + Buitre» conviven con consignas contra el fascismo y con interrogantes sobre los años de vigencia de la conocida como ley mordaza. Más allá de la diversidad de mensajes, el denominador común es la desconfianza hacia quienes, desde la política, no ofrecen —a juicio de los acampados— respuestas suficientes a sus demandas.

En ese mosaico de enfado y reivindicación hay una idea que se repite de distintas maneras: «La vivienda no es un privilegio, es un derecho». La frase, convertida en una de las principales banderas del movimiento, enlaza las dificultades individuales con una reclamación colectiva. No se trata únicamente de pagar menos por una habitación o de encontrar un alquiler que no absorba buena parte del salario, sino de cuestionar un modelo en el que el acceso a un hogar puede determinar las oportunidades de una persona.

El anuncio del adelanto electoral tampoco ha supuesto, según defienden quienes permanecen en la explanada, el final de la movilización. «Gobierne quien gobierne, nuestros derechos se defienden», recuerda otra pancarta. La continuidad del campamento busca precisamente trasladar ese mensaje: las reivindicaciones no desaparecen cuando cambia la agenda política ni cuando disminuye la atención pública.

A estas alturas, las tiendas que siguen levantadas son menos numerosas, pero su presencia mantiene abierta una pregunta que va más allá de los límites de la explanada: cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad en la que encontrar una vivienda se convierte en una carrera de obstáculos. Cada lona, cada cartel y cada mensaje forman parte de una respuesta colectiva que todavía no se ha dado por vencida.

En el Palacio de Congresos, la protesta ya no tiene la magnitud de sus primeros días. Sin embargo, mientras las últimas tiendas continúen en pie, Granada seguirá teniendo ante sus ojos una reivindicación incómoda y persistente. Porque, para quienes permanecen allí, el campamento no es solo un lugar donde dormir: es una forma de recordar que tener un techo no debería ser una aspiración extraordinaria, sino una condición básica para vivir con dignidad.