Castell de Ferro.- La organización Extranjeristas en Red ha solicitado a las autoridades la apertura de una investigación penal tras el incidente ocurrido el pasado domingo 3 de agosto en la playa del Sotillo, ubicada en el municipio de Gualchos-Castell de Ferro, en la provincia de Granada. Según la ONG, varios migrantes que arribaron a la costa fueron retenidos por bañistas “por la fuerza y contra su voluntad”, un acto que podría constituir un delito de detención ilegal, ya que solo las autoridades estatales están legitimadas para limitar la libertad de movimiento bajo causas justificadas.
El suceso tuvo lugar cuando una embarcación de alta potencia llevó a la orilla a una decena de inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí. Apenas tocaron tierra, nueve de ellos fueron retenidos rápidamente por bañistas que reaccionaron corriendo para detenerlos, según testimonios y grabaciones que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes muestran escenas de empujones y comportamiento hostil que han generado una fuerte polémica social.
Mientras algunos usuarios han condenado la actitud de los bañistas, calificándola como una “bajada moral” y un atentado contra la dignidad y los derechos humanos, el Ayuntamiento de Castell de Ferro emitió un comunicado en el que repudió cualquier discurso de odio o xenófobo, y reafirmó su compromiso con la convivencia, el respeto y la protección de todas las personas que residen o transitan por el municipio.
El subdelegado del Gobierno en Granada calificó la llegada de esta embarcación como “un hecho aislado”, recordando que en lo que va de 2025 solo se han registrado dos arribadas de inmigrantes en las costas granadinas, cifra que se mantiene baja en comparación con otros puntos de entrada en España. No obstante, la situación en Castell de Ferro ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la protección de los derechos humanos y la actuación policial para evitar que ciudadanos particulares tomen la justicia por su mano.
Extranjeristas en Red insiste en que la retención por parte de civiles podría suponer un delito grave y exige que se esclarezcan los hechos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y el respeto a la normativa nacional e internacional sobre migración y derechos fundamentales.
Este episodio ha vuelto a abrir el debate sobre la llegada irregular de migrantes a las costas españolas y la respuesta social que generan en las comunidades receptoras, especialmente en zonas turísticas como Castell de Ferro, donde conviven turistas, residentes y personas en situación vulnerable.