El SUP denuncia que más de 1.000 policías nacionales en Granada carecen de vacunación frente a hepatitis A y B desde 2021

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Granada.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente una situación que considera de “extrema gravedad” en materia de prevención de riesgos laborales: los policías nacionales destinados en Granada no tienen garantizado su derecho a recibir las vacunas necesarias frente a enfermedades infectocontagiosas como la hepatitis A y B, a pesar de estar expuestos de manera habitual a situaciones que comprometen su salud.

Tradicionalmente, todos los agentes que ingresaban en la Escuela Nacional de Policía (ENP) recibían vacunación frente a estas enfermedades en caso de no estar debidamente inmunizados, una práctica que aún se mantiene en la actualidad y que responde a la obligación legal de proteger a los funcionarios frente a los riesgos inherentes a su profesión, conforme al artículo 8 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra la exposición a agentes biológicos.

Hasta 2021, en la provincia de Granada también se procedía a la revacunación de aquellos policías que mostraban anticuerpos deficitarios frente a la hepatitis A y B e, incluso, se administraban dosis de refuerzo frente al tétanos-difteria cuando era necesario. Sin embargo, desde la creación en junio de ese año de la Unidad Básica Sanitaria en la Comisaría Provincial de Granada —encargada de la vigilancia de la salud de todos los agentes—, esta práctica ha dejado de cumplirse, dejando a los funcionarios sin cobertura efectiva.

En la última reunión del Comité de Seguridad y Salud, un asesor de la administración sostuvo que “las vacunaciones objeto de control se encuentran incluidas en los calendarios vacunales de todas las Comunidades Autónomas y es Salud Pública de dichas comunidades la encargada de esta actividad”.

Desde el SUP rechazan de manera tajante estas afirmaciones, al no ajustarse ni a la normativa vigente ni al marco legal de la prevención de riesgos laborales. El sindicato recuerda que la Dirección General de la Policía, a través de la Unidad Básica Sanitaria, es la responsable directa de garantizar la vacunación frente a los riesgos biológicos propios de la profesión y que esta obligación no puede ser derivada a las autoridades autonómicas.

Por este motivo, el SUP ha trasladado la situación a la Inspección de Trabajo para que actúe en consecuencia y restaure la legalidad, salvaguardando la seguridad de todos los policías nacionales destinados en Granada.

“Negar estas vacunaciones supone un incumplimiento grave en materia de salud laboral y un riesgo inaceptable para quienes cada día velan por la seguridad ciudadana”, ha subrayado César Calín, secretario general del SUP en Granada.