El Gobierno concede 143.000 euros a Granada para impulsar cuatro nuevas comunidades energéticas y avanzar en la transición hacia energía limpia
El Gobierno de España ha concedido en la provincia de Granada subvenciones por importe de 142.987,12 euros, que permitirán afrontar una inversión total de 288.730,08 euros para la puesta en marcha de cuatro nuevos proyectos de comunidades energéticas. Estas iniciativas fortalecerán el modelo de generación y consumo energético distribuido, en el que la ciudadanía asume un papel protagonista en la producción y gestión de energías limpias.
Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable de manera colectiva. Su finalidad principal es generar beneficios ambientales, económicos y sociales para sus miembros y para el territorio donde desarrollan su actividad, situando el interés general por encima de la rentabilidad financiera.
Entre los proyectos granadinos que han conseguido financiación estatal se encuentran Los Llanos 1, una instalación fotovoltaica de 45 kWp ubicada en las cubiertas de las pistas de pádel del Campo de Fútbol del Barrio de Monachil, (22.175,42 €). También se ha concedido ayuda a la Fase 1 de la Comunidad Energética de la Alpujarra, que contempla la instalación de un punto de producción de 40 kWp para 24 asociados y 2 pymes en un tejado público (21.073 €).
En la ciudad de Granada, se impulsa el autoconsumo colectivo como solución para compatibilizar la transición energética con la protección del patrimonio histórico, mediante dos instalaciones fotovoltaicas en cubiertas municipales (65.646,8 €). Finalmente, en los municipios de Dúrcal y El Valle, se promoverá el autoconsumo solar compartido con dos nuevas plantas comunitarias —de 40 kW y 20 kW, respectivamente— (34.091,9 €).
El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las actuaciones objeto de las ayudas será de 14 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de la subvención.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que “estas actuaciones son un ejemplo del compromiso del Gobierno con un modelo energético más sostenible, participativo y solidario, que impulsa el desarrollo económico local, reduce la factura energética de los hogares y contribuye a los objetivos nacionales y europeos en materia de energía y clima”.
Montilla ha subrayado además que “Granada está demostrando su capacidad para liderar proyectos innovadores en el ámbito de la energía limpia y la cooperación ciudadana. Las comunidades energéticas son una herramienta fundamental para avanzar hacia un futuro más justo desde el punto de vista ambiental y social”.
10,7 millones en España
Para toda España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la adjudicación de 10,7 millones de euros más en ayudas para la implementación de estas iniciativas pioneras, que supondrán la creación de 106 nuevas comunidades energéticas. Se trata de fondos europeos NextGenEU enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La resolución de la quinta convocatoria del programa CE Implementa, disponible aquí, se suma a otras convocatorias resueltas con anterioridad y eleva a 251 los proyectos en marcha beneficiados hasta ahora. Se han adjudicado más de 124 millones de esta línea de ayudas, que busca impulsar la participación de los consumidores en el sistema energético para democratizarlo, asentar el despliegue renovable en el territorio y contribuir a los objetivos de descarbonización. CE Implementa forma parte del paquete de ayudas a las comunidades energéticas, que incluye también el programa sinérgico de Oficinas de Transformación Comunitaria (CE Oficinas), que ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras.
Gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), la quinta convocatoria ha estado especialmente dirigida a proyectos de pequeño tamaño, no pudiendo superar su inversión el millón de euros. El principal objetivo ha sido fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente, permitiéndose que cada comunidad energética pudiera impulsar varias propuestas. De este modo, las ayudas permitirán desarrollar 371 iniciativas piloto distintas; más de tres por proyecto.
La mayor parte de esas iniciativas (279) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (44) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (38) y para la instalación de energías renovables térmicas (10), como la aerotermia y la biomasa.
Los proyectos beneficiarios implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 20.822 kW de energía eléctrica de origen fotovoltaico y 1.216 kW de térmica. También sumarán 18.272 kWh de almacenamiento y 62 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en 35 ubicaciones distintas, así como cuatro sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y cinco de adquisición de vehículos eléctricos.
13 comunidades autónomas
En la resolución de esta convocatoria sobresale Cataluña, con 42 proyectos seleccionados y el 31,55% de las ayudas asignadas (3,39 millones). Andalucía (16), Castilla y León (12) y Aragón (9) también han tenido un importante de propuestas admitidas. El resto de proyectos se llevarán a cabo en Castilla-La Mancha (6), la Comunidad Valenciana (6), la Comunidad de Madrid (4), País Vasco (3), Galicia, Extremadura y Murcia, con dos cada una, y Navarra y Asturias, ambas con una iniciativa.
Se da la circunstancia de que todos los beneficiarios son cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 18.674 beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas.
De las 106 comunidades energéticas subvencionadas, 55 operarán en municipios de Reto Demográfico, lo que refleja el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio.
La participación ciudadana en la Transición Energética
La participación de la ciudadanía en la transición energética es uno de los objetivos básicos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para lograrlo, el MITECO ha convocado dentro del PRTR dos líneas de ayudas para estimular la creación de comunidades energéticas, a través del programa CE Implementa y de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) como puntos de información que asesoran, acompañan y dinamizan este tipo de proyectos.
Ambas líneas se adscriben a la componente 7 del PRTR «Despliegue e integración de energías renovables» y, en el contexto de las convocatorias 5 -en proceso de resolución- y 6, a la inversión 1 (Autoconsumo renovable, almacenamiento detrás del contador y comunidades energéticas) de la Componente 31 (Capítulo REPowerEU).
¿En qué consisten las comunidades energéticas?
Estas entidades tienen diversos beneficios para sus miembros y para las localidades en las que se ubican. Permiten a los ciudadanos producir energía renovable y reducir su dependencia de los combustibles fósiles, generan empleo y actividad económica en los municipios en los que operan y contribuyen a la lucha contra el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto a su constitución, pueden ser agrupaciones o cooperativas existentes que entran en el ámbito energético, o nuevas creadas para ese fin. También proyectos colectivos, desde agrupaciones ciudadanas que promueven un pequeño parque solar o eólico a las afueras de un municipio a otros más integrales que combinen distintas tecnologías.
Su impacto trasciende al sector energético; ayudan en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y promueven mejoras sociales en la comunidad. Por ello, son una figura especialmente interesante para los municipios de reto demográfico, ya que, al estar cercanas al territorio, conocen sus puntos sensibles y las ventajas que pueden ofrecer, al tiempo que ayudan a dinamizar la actividad local, generar empleo y fijar población. Y concuerdan con el mandato de “la ciudadanía en el centro” incluido tanto en el PNIEC como en el PRTR.