Foto Ramón Martín (Motril Digital)
Granada.- El Colegio de Abogados de Granada quiere manifestar públicamente su profunda preocupación por los graves retrasos que se están produciendo en los órganos judiciales de la provincia, con señalamientos que se dilatan incluso hasta mediados de 2028, una situación que está afectando de manera directa tanto a la ciudadanía como al ejercicio profesional de la abogacía.
Durante los últimos meses, la Corporación ha constatado un notable incremento de la dilación de señalamientos, resoluciones y trámites procesales, lo que repercute en la tutela judicial efectiva y genera una evidente sobrecarga en el sistema de justicia. Casos de divorcio con menores a cargo pendientes de medidas urgentes, juicios laborales sobre despidos, demandas de incapacidad o procedimientos penales con víctimas o ejecuciones hipotecarias, entre otros, se están prolongando de manera inaceptable, dejando a justiciables y profesionales en una intolerable situación de impasse que vulnera el derecho a una justicia ágil y eficiente.
Si bien siempre la Jurisdicción Social es históricamente la que presenta mayores retrasos, la Abogacía granadina ha detectado que esta situación endémica de colapso se está trasladando al resto de jurisdicciones, especialmente la Civil, con juicios fijados para finales de 2027. Además, las previsiones apuntan a un empeoramiento de esta circunstancia mientras los operadores jurídicos se adaptan al nuevo modelo judicial implantado por la Ley de Eficiencia Procesal y mientras las plantillas no se ajusten el mayor volumen de casos que se judicializa.
Por eso, la Abogacía granadina reclama a las Administraciones competentes la adopción urgente de medidas estructurales y organizativas que permitan paliar esta situación. Es necesario reforzar las plantillas de funcionarios y jueces, modernizar los sistemas informáticos y garantizar recursos materiales suficientes para que los órganos judiciales de la provincia puedan prestar un servicio acorde con las necesidades sociales.
El Colegio recuerda que la justicia no puede convertirse en un servicio colapsado ni inoperante, porque ello supone un perjuicio directo para la ciudadanía y mina la confianza en el Estado de Derecho. En este sentido, la Abogacía granadina se pone a disposición de las instituciones para colaborar en la búsqueda de soluciones, pero también advierte que continuará denunciando públicamente las carencias y exigiendo responsabilidades mientras no se produzcan mejoras reales, porque entiende que la justicia lenta no es una justicia y los granadinos merecen un sistema judicial ágil, eficaz y dotado de medios suficientes.