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CCOO exige la retirada de la ZGAT en Motril por sus perjuicios laborales y reclama diálogo al Ayuntamiento

Motril.- Delegados de CCOO se han concentrado esta mañana junto a trabajadoras y trabajadores del Comercio de Motril para reivindicar la retirada de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que entró en vigor el pasado mes de julio. Según el sindicato, esta medida ha supuesto “un perjuicio evidente” para cientos de empleados del sector comercial motrileño, al establecerse un régimen horario liberalizado durante varios meses del año, incluyendo Semana Santa y todo el verano a partir de 2026.

Desde CCOO se solicita la apertura de un diálogo con el Ayuntamiento de Motril, que hasta el momento no ha dado respuesta a las peticiones de reunión realizadas por la organización sindical y que además desestimó en pleno la moción interpuesta por IU-Equo (a petición del sindicato) para alcanzar un consenso.

El secretario general de CCOO Servicios Granada, Roberto Ariza, ha señalado que “la entrada en vigor de la ZGAT ya ha tenido perjuicios graves que se traducen en una pérdida seria de conciliación para las personas trabajadoras del sector, incumplimientos de los tiempos de descanso y sobrecarga para las plantillas al no haberse producido contrataciones nuevas”. En este sentido, ha advertido que “son muchas las personas trabajadoras que están sufriendo las consecuencias y, por ello, desde CCOO vamos a activar los mecanismos legales de movilización que tenemos a nuestro alcance hasta que se revierta esta medida”.

El sindicato denuncia que la solicitud de Motril como zona de Gran Afluencia Turística no se justifica en base a un impacto favorable en la creación de empleo ni en el incremento de ventas en el comercio local. Según CCOO, los datos empleados para justificar la medida han sido las pernoctaciones registradas en la Costa Tropical, sin segregar por municipios, y el número de Bienes de Interés Cultural en Motril.

La decisión, impulsada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento, ha sido criticada con dureza por CCOO Granada, Izquierda Unida-Equo y el PSOE de Motril, que coinciden en denunciar que se ha adoptado sin diálogo ni consenso con los principales actores sociales y económicos de la ciudad.