Dolores Collantes Jiménez, comunera.– Como sabéis, el pasado 24 de septiembre de 2025 se celebró, en el Centro de Desarrollo Turístico, una Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes de la Vega de Motril. En ella se aprobó un proyecto de modernización del regadío con un presupuesto total de 36.334.135,14 €, financiado parcialmente mediante préstamos y ayudas públicas que comprometen el futuro de todos los comuneros.
La Junta de Andalucía prevé asumir el 50 % del coste mediante una ayuda no reembolsable procedente en su mayoría de fondos europeos (FEADER y Next Generation). Se trata de fondos públicos sometidos a rigurosos controles de legalidad, transparencia y justificación. Cualquier irregularidad —como falsear datos, aprobar acuerdos nulos o inflar precios— podría acarrear la devolución del dinero con intereses y sanciones, e incluso responsabilidades administrativas, económicas o penales para los implicados.
Yo, Dolores Collantes Jiménez, comunera de esta comunidad, asistí a dicha Junta y manifesté públicamente mi impugnación, por considerar que la convocatoria no cumplía los requisitos legales mínimos. Además, denuncié que el presupuesto presentado estaba notablemente inflado, señalando la falta de transparencia en la información ofrecida a los comuneros.
A continuación, resumo los hechos más relevantes:
Convocatoria irregular: La Junta fue convocada sin las notificaciones certificadas exigidas por el Reglamento y la Ley de Aguas, lo que invalida jurídicamente sus acuerdos.
Aumento injustificado del presupuesto: El mismo proyecto, presentado en 2021 con un coste de 24 millones de euros, ha pasado en cuatro años a más de 36 millones, sin explicación técnica ni económica.
Falta de transparencia: No se entregó documentación previa ni se facilitó el presupuesto detallado, limitándose la exposición a unas imágenes proyectadas durante la reunión.
Negación del derecho de palabra: Al solicitar intervenir, se me impidió el uso del micrófono, obligándome a exponer mi impugnación a viva voz.
Manipulación de actas anteriores: En el acta de 2021 se incluyeron afirmaciones falsas atribuidas a mí, hecho que también fue denunciado.
Por todo ello, he presentado escritos formales de impugnación y denuncia ante:
La Comunidad de Regantes, por nulidad de la convocatoria y de los acuerdos adoptados.
La Subdirección General de Dominio Público Hidráulico.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por posibles delitos de fraude en subvenciones, falsedad documental, administración desleal y malversación.
No se trata de un conflicto personal, sino de una cuestión de legalidad y responsabilidad colectiva. Si estas irregularidades no se corrigen antes de la ejecución del proyecto, podríamos enfrentarnos a la devolución de las ayudas y a graves consecuencias económicas para todos los comuneros.
Con mi intervención e impugnación, he actuado conforme a la ley, buscando proteger los intereses comunes y evitar un posible perjuicio económico para la comunidad. Quien haya actuado fuera de la legalidad deberá responder ante las autoridades competentes.
Porque la Vega de Motril no se vende: se defiende.
Mejor detener un proyecto que aprobar un fraude.
Dolores Collantes Jiménez (Miembro de la Comunidad de Regantes de la Vega de Motril)