Almuñécar: La reunión entre el Ministerio y la Comunidad General del Bajo Guadalfeo decepciona profundamente a los agricultores sexitanos

La reciente reunión entre representantes del Ministerio y la Comunidad General del Bajo Guadalfeo ha causado una gran decepción entre los agricultores de la comarca de Río Verde, quienes consideran que sus demandas han sido ignoradas.

Desde la Asociación Verde, Seco y Jate, su presidente ha manifestado que “los resultados del encuentro, aunque previsibles, no dejan de ser profundamente frustrantes”. Asegura que las administraciones han desoído “el clamor de unos agricultores que únicamente reclaman un trato igualitario con respecto a otras comarcas vecinas”. Según él, se les ha dejado ante una elección injusta: “entre la sequía o la ruina económica”.

El portavoz también critica que se haya hecho caso omiso a los acuerdos del Ayuntamiento de Almuñécar y de la Mancomunidad, que solicitaban al Ministerio y a la Junta de Andalucía que asumieran parte del coste de las canalizaciones, para evitar que este recaiga íntegramente sobre los agricultores.

Por su parte, Jesús Ruiz Peralta, presidente de la Asociación Agua para el Campo, ha señalado como principal responsable de la pérdida de los fondos europeos al Ministerio, gobernado por el PSOE. Dichos fondos habrían cubierto el 80% del coste del Desglosado 3, el proyecto que llevaría agua a la zona. A su juicio, la negligente tramitación del proyecto, marcada por “retrasos injustificables”, ha provocado que ahora se pretenda que los propios agricultores asuman la totalidad del coste, estimado en 125 millones de euros.

Ruiz Peralta también ha criticado al Partido Popular, recordando que durante la campaña electoral prometieron que la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, traería agua a Almuñécar. Sin embargo, afirma, “a la hora de la verdad, la Junta se pone de perfil y no aporta ni un solo euro para las canalizaciones”.

Ambos presidentes insisten en que los agricultores no se oponen a contribuir, sino que no pueden afrontar un coste tan elevado. «Se nos está exigiendo el pago de hasta 37.000 euros por hectárea en canalizaciones, a lo que habría que añadir el canon de la presa y el coste del agua depurada», explican. Además, advierten de que tendrán que seguir sufragando los costes de las actuales comunidades de regantes, ya que el Plan Hidrológico de la Junta no contempla aguas reguladas, obligándolos a seguir utilizando los pozos actuales.

Si no se ofrece una solución justa y viable, advierten, el resultado será el abandono masivo de las explotaciones agrícolas.

Finalmente, también expresaron su descontento con los responsables de la Comunidad General del Bajo Guadalfeo. Consideran que estos están excesivamente centrados en el aval de 8 millones de euros que deberían aportar, y apenas mencionan los 125 millones que se exige pagar a los agricultores.