Motril: Pagar 18 euros de agua para acabar abonando 100. «La desproporción del recibo en la Costa de Granada»
Rafael Álvarez de Cienfuegos.- Resulta difícil comprender —y aún más justificar— cómo una factura de agua cuyo consumo real asciende únicamente a 18 euros puede terminar alcanzando prácticamente los 100 euros. Este desfase, que se aprecia claramente en la factura aportada, pone de manifiesto un sistema tarifario en el que el precio del agua en sí es solo una pequeña parte del importe final, mientras que el grueso de la factura está compuesto por una compleja serie de cuotas, cánones e impuestos añadidos.
Al contactar con Aguas y Servicios, la explicación proporcionada se basa en que la mayoría de esos conceptos no dependen directamente de la empresa, sino que proceden de organismos como la Junta de Andalucía, la Comunidad de Regantes y el Ayuntamiento. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, esta fragmentación de responsabilidades no alivia la sensación de abuso, sino que aumenta la opacidad y la confusión sobre qué se está pagando realmente.
En la factura se observa cómo, además de la cuota de consumo, se añaden múltiples cargos:
- alcantarillado fijo y variable
- depuración fija y variable
- cánones de mejora
- cánones derivados de infraestructuras hidráulicas
- cuotas relacionadas con organismos autonómicos
- IVA
El resultado es una suma de pequeños (y no tan pequeños) importes que hacen que la cifra final sea más de cinco veces superior al coste del agua realmente consumida. Esta desproporción no solo parece carente de lógica, sino también difícil de sostener socialmente, especialmente en un servicio esencial como el suministro de agua.
Si bien es comprensible que existan costes estructurales, inversiones y mantenimiento, la factura final transmite la sensación de que el usuario está pagando más por el entramado burocrático que por el recurso básico. La ausencia de claridad y proporcionalidad genera desconfianza y plantea la necesidad urgente de una revisión del sistema tarifario, más transparente, coherente y equitativo.
En definitiva, que un consumo de 18 euros termine convertido en casi 100 euros no solo es llamativo: es un indicador de que el sistema actual de cobro no está respondiendo al principio básico de justicia tarifaria, donde el pago debería reflejar principalmente el uso y no una acumulación de recargos difícilmente comprensibles.