Motril: «Basta de agresiones a sanitarios». El SAS condena la violencia y reclama protección para quienes salvan vidas
El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada ha expresado su “más absoluta condena” ante las agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios registradas recientemente. Sendos casos, ocurridos en los centros de salud de Motril Centro y Almuñécar, han motivado la activación del Plan de Prevención y Atención previsto por el Servicio Andaluz de Salud para prestar ayuda y asesoramiento a las víctimas.
El primero de los casos ha implicado a una facultativa de atención primaria del centro de salud de Motril Centro durante el desarrollo de su jornada de trabajo. La víctima ha recibido asistencia psicológica y jurídica por parte del Servicio Andaluz de Salud. El segundo ha afectado a un médico del servicio de urgencias del centro de salud de Almuñécar, mientras atendía a un paciente en la vía pública. En sendos casos, las agresiones han sido denunciadas en tiempo y forma, siguiendo las pautas del protocolo establecido al respecto por el sistema sanitario público andaluz.
Desde el AGS Sur de Granada se condena “sin matices” cualquier acto violento, físico o verbal, que afecte a los profesionales del sistema sanitario público andaluz dentro o fuera de un centro sanitario. “La violencia nunca está justificada”, se reitera, al tiempo que se recuerda que la agresión a un sanitario es un delito en España y que los agresores se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel, multas económicas, órdenes de alejamiento e indemnizaciones.
El SAS ha reforzado su oferta formativa sobre control de situaciones conflictivas y sobre el propio Plan de Prevención de Agresiones. Reconducir las situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias son los objetivos que se persiguen. Adicionalmente se imparten talleres de la mano de Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de instituciones penitenciarias. Asimismo, el personal cuenta a su disposición con la figura del ‘profesional guía’, que acompaña y asesora a los profesionales agredidos, facilita asistencia psicológica y jurídica y refuerza las medidas de seguridad disponibles en los centros de trabajo, como cámaras de seguridad, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales de carácter disuasorio.