La Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada ha aprobado este jueves, 7 de mayo, la primera iniciativa de Paro Académico General desde la aprobación de esta figura en el Consejo de Gobierno de diciembre de 2024. La convocatoria surge como respuesta al deterioro que, según denuncian, atraviesa la universidad pública andaluza debido a la infrafinanciación sostenida por parte de la Junta de Andalucía y a la gestión desarrollada por el Rectorado de la UGR.

La movilización, prevista para el próximo 15 de mayo, pretende paralizar la actividad docente de la institución y situar en el centro del debate las consecuencias que, a juicio de la representación estudiantil, están teniendo las políticas universitarias impulsadas por el Gobierno andaluz y ejecutadas por el equipo rectoral.

Desde la Delegación General de Estudiantes sostienen que las universidades públicas andaluzas llevan años inmersas en un proceso de degradación progresiva vinculado a los recortes y a un modelo que consideran orientado hacia la privatización de la educación superior. En este contexto, critican que el Rectorado de la Universidad de Granada haya optado por asumir las restricciones presupuestarias sin confrontar públicamente a la Junta de Andalucía y trasladando las consecuencias al estudiantado.

Entre las medidas más cuestionadas se encuentra el incremento del precio de los comedores universitarios, aplicado en un momento marcado por el aumento generalizado del coste de vida. La representación estudiantil denuncia que esta subida afectó incluso a beneficiarios de la Beca Propia de Comedores, lo que interpretan como un retroceso en las políticas sociales de la institución y un incumplimiento de compromisos adquiridos por el actual equipo rectoral.

Asimismo, señalan los problemas derivados de la implantación de la tarjeta única de transporte impulsada por la Junta de Andalucía. Según explican, la transición al nuevo sistema se habría realizado sin planificación suficiente, provocando retrasos administrativos y obligando a numerosos estudiantes a asumir el coste íntegro de los desplazamientos urbanos.

Otro de los aspectos denunciados es la saturación del transporte público que conecta los distintos campus universitarios, una situación que consideran especialmente grave debido a la estructura multicampus de la UGR. A ello se suma, según exponen, la existencia de infraestructuras deficitarias y la falta de inversiones dirigidas a mejorar servicios esenciales para el alumnado.

En relación con las salas de estudio, la Delegación General de Estudiantes advierte de problemas de masificación y falta de plazas en los periodos de evaluación, así como de las diferencias existentes entre espacios con alta y baja demanda. También critican la reciente reducción de horarios en algunas instalaciones, una decisión que atribuyen a criterios de ahorro económico sin que haya venido acompañada de mejoras en las condiciones de uso.

Las críticas se extienden igualmente a la nueva Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), recientemente aprobada. El estudiantado considera que la norma refuerza un modelo de gestión orientado hacia la mercantilización de la universidad pública, otorgando un mayor peso al Consejo Social y estableciendo requisitos que, a su juicio, pueden incrementar las desigualdades entre estudiantes.

Entre ellos, mencionan la obligatoriedad de acreditar un nivel B2 en una lengua extranjera para obtener el título de Grado, una medida que consideran excluyente mientras no exista un acceso gratuito y universal a la formación necesaria. Además, alertan de que la ley podría abrir la puerta a futuros cambios en las condiciones de acceso a la bonificación del 99% de las matrículas universitarias.

La representación estudiantil también denuncia un trato desigual entre universidades públicas y privadas, al considerar que las primeras están sometidas a mayores exigencias administrativas y académicas que las instituciones privadas.

En el plano interno, los estudiantes acusan al Rectorado de adoptar decisiones “de manera unilateral” y sin contar con la participación efectiva de los distintos colectivos universitarios. Según sostienen, los órganos de representación estudiantil han quedado relegados a un papel meramente informativo, sin capacidad real de influencia en las políticas universitarias.

Para que el Paro Académico General pueda convocarse oficialmente, la normativa vigente exige ahora el respaldo del 10% del estudiantado de la Universidad de Granada mediante una recogida de firmas. Desde la Delegación General de Estudiantes han realizado un llamamiento a la comunidad universitaria para apoyar la iniciativa y defender, aseguran, “una universidad pública y de calidad”.