Juez Alberto del Águila Alarcón: “No es una huelga por privilegios. Defendemos el Estado de Derecho”
Reportaje Ramón Martín (Motril@Digital)
“No es una huelga por privilegios: defendemos el Estado de Derecho”
Un juez granadino rompe tópicos sobre la huelga judicial y explica los riesgos de la reforma
Cinco asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga los días 1, 2 y 3 de julio en protesta por las reformas impulsadas por el Gobierno, que consideran “el retroceso más grave en la independencia judicial de los últimos cuarenta años”. Desde Granada, el magistrado Alberto del Águila Alarcón, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 11, ha ofrecido una reflexión detallada sobre el sentido de esta movilización, desligándola de intereses corporativos y centrando el debate en los riesgos institucionales que plantea el nuevo marco normativo.
A lo largo de la conversación, Del Águila subraya que esta huelga “no va a modificar el funcionamiento diario de los juzgados”, ni supone una presión por mejoras laborales. “Seguimos trabajando, esta no es una huelga por condiciones personales. Es una defensa del Estado de Derecho, de la independencia judicial y de la separación de poderes”, recalca. A su juicio, la principal amenaza reside en la imagen que proyecta la reforma y en su capacidad para debilitar el principio de imparcialidad ante la ciudadanía.
Uno de los elementos más controvertidos es la intención de estabilizar directamente a más de mil jueces y fiscales sustitutos, sin oposición ordinaria, así como la modificación de los ejercicios clásicos de acceso a la carrera judicial. El magistrado denuncia que esta vía paralela “resta capacidad y profesionalidad”, y recuerda que los actuales jueces de carrera superan un proceso muy exigente que garantiza un alto nivel de formación y neutralidad.
Del Águila también alerta sobre el establecimiento de un centro de preparación de oposiciones dependiente del propio Ministerio de Justicia. “Es inaceptable que quien convoca la oposición controle la formación. Las becas deben facilitar el acceso, pero no someter al opositor a una tutela política desde el inicio del proceso.”
Por último, muestra su preocupación ante la posibilidad de que la instrucción penal pase a manos del Ministerio Fiscal sin una reforma previa del Estatuto que rige su funcionamiento. “La fiscalía funciona jerárquicamente. Si la instrucción depende del fiscal general y este puede ordenar archivar o acusar, el juez instructor queda atado. Eso elimina garantías básicas, como el papel de las acusaciones particulares”, advierte.
En Granada, la jornada de huelga ha implicado ya la suspensión de señalamientos, con participación en varios órganos judiciales. Mientras tanto, entre los funcionarios, la respuesta es más distante: recuerdan que durante su largo conflicto en 2023 no sintieron el respaldo de las asociaciones judiciales. Esa falta de apoyo aún pesa en la percepción actual del paro, pese a las coincidencias en el diagnóstico sobre el deterioro estructural de la Justicia.