Granada: Trabajadores de centros de menores denuncian agresiones y reclaman mejoras laborales
Reportaje Ramón Martín (Motril Digital)
Granada – Trabajadores de los centros de reforma y protección de menores han hecho pública su preocupación por la situación laboral y la seguridad en los centros, a través de un manifiesto difundido este miércoles. Según los profesionales, la combinación de congelación salarial, privatización de servicios y desgaste de las plantillas ha incrementado la vulnerabilidad y el riesgo físico al que se enfrentan diariamente.
El manifiesto destaca que, en los últimos meses, más del 80% del personal ha sufrido agresiones, mientras que de los siete ataques graves reportados, solo cuatro fueron formalmente denunciados. En Granada, por ejemplo, el contrato de servicio de acogimiento residencial de menores, con 222 plazas, se encuentra anulado desde noviembre de 2024 y no ha sido licitado nuevamente, dejando a los trabajadores sin actualización salarial desde julio de 2020. En el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Genil masculino, tampoco se han actualizado las tablas salariales desde 2021, generando diferencias salariales entre profesionales que trabajan en las mismas instalaciones.
Los trabajadores exigen al Gobierno Andaluz medidas que incluyan plantillas dotadas y estables, turnos con al menos dos educadores por equipo, reconocimiento de la peligrosidad del trabajo y aplicación inmediata del V Convenio Colectivo Estatal de Reforma y Protección de Menores, que consideran clave para garantizar derechos y salarios justos.
El manifiesto, publicado en todas las provincias andaluzas, hace hincapié en la necesidad de recursos humanos suficientes y protocolos de seguridad efectivos, subrayando que la inestabilidad laboral y la falta de personal son factores que afectan tanto la seguridad de los trabajadores como la calidad de atención a los menores.
Los profesionales anuncian que mantendrán la movilización y la presión política y social hasta que la administración andaluza adopte medidas que protejan a los empleados y aseguren la dignidad y seguridad en los centros y servicios.