Las rupturas matrimoniales suelen tener efectos no sólo inmediatos sino también a largo plazo, y algunos son especialmente sentidos cuando se llega a la vejez 

Un estudio de la Universidad de Granada revela la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas personas mayores separadas o divorciadas que viven solas, al carecer de suficiente apoyo familiar y social para cubrir sus necesidades cotidianas

Las rupturas matrimoniales no sólo tienen consecuencias inmediatas, propias de cuando se rompe la convivencia. Una investigación de la Universidad de Granada ha constatado que pueden prolongarse durante décadas, hasta convertirse en un importante factor de vulnerabilidad cuando las personas alcanzan la vejez, especialmente si viven solas y tienen poco trato con sus hijos e hijas o insuficiente apoyo social. El trabajo, publicado en la Revista Internacional de Sociología, ha sido realizado por Juan López Doblas, profesor del Departamento de Sociología, y María del Pilar Díaz Conde, profesora del Departamento de Psicología Social.

Se trata del primer estudio realizado en España sobre personas mayores separadas o divorciadas. Centra su atención en quienes rompieron su matrimonio muchos años atrás y en cómo dicha experiencia ha condicionado su trayectoria vital y las fuentes de apoyo de que disponen en la actualidad. El estudio es de tipo cualitativo, basado en entrevistas en profundidad, en cuyo análisis se aplica las perspectivas de género y de curso vital para entender cómo decisiones y circunstancias del pasado determinan su calidad de vida en la actualidad. Según sus autores, la vulnerabilidad observada obedece a procesos acumulados a lo largo de su curso vital, en los que la ruptura matrimonial, las relaciones familiares posteriores y las desigualdades de género desempeñan un papel clave.

Los resultados muestran que una parte significativa de estas personas tiene déficits de apoyo familiar y necesidades instrumentales sin cubrir. Entre los hombres es frecuente el debilitamiento o incluso la pérdida de las relaciones con hijos e hijas tras la ruptura matrimonial, lo que reduce la disponibilidad de ayuda cuando aparecen problemas de salud, dependencia o dificultades para afrontar la vida cotidiana. “Podría decirse que no supieron diferenciar sus roles de esposo y padre, de modo que la quiebra conyugal también conllevaría su ausencia de la escena familiar y el desapego de sus hijos e hijas”, aseguran los investigadores. Las mujeres presentan en general una realidad diferente, ya que solieron mantener el cuidado de los hijos y conservaron los vínculos familiares a lo largo de los años. Sin embargo, muchas arrastran consecuencias económicas derivadas de haber asumido la crianza en solitario y de trayectorias laborales más precarias, lo que limita sus posibilidades para acceder al apoyo profesional si necesitan recibir asistencia o cuidados.

La investigación también pone de manifiesto la existencia de importantes necesidades emocionales, que las personas mayores separadas o divorciadas viviendo solas no logran satisfacer. Muchas de las entrevistadas en el estudio, sobre todo hombres, presentan sintomatología depresiva y se ven afectadas a menudo por el sentimiento de soledad. Son problemas que suelen ocultar, aguantándolos en silencio y con resignación. “Hay quienes no cuentan con nadie para poder contarle un problema, o simplemente para conversar, debido a factores como el distanciamiento de sus hijos e hijas, el fracaso de las nuevas experiencias de pareja que han tenido o su estado de aislamiento social. Ello las hace vulnerables al sentimiento de soledad, a los trastornos mentales y, en última instancia, a pensamientos o comportamientos suicidas”, explican López Doblas y Díaz Conde.

El trabajo concluye que las separaciones y los divorcios, se produzcan a la edad que se produzcan, pueden generar efectos persistentes que se cronifican con el paso del tiempo y adquieren especial relevancia durante la vejez, cuando aumentan las necesidades de asistencia y cuidados. Por ello, los investigadores consideran necesario prestar mayor atención social e institucional a este colectivo y desarrollar intervenciones específicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.