La causa del ‘caso Nazarí’ que investiga la supuesta concesión irregular de la licencia de primera ocupación del residencial Ciudad de la Luz vuelve a la Audiencia de Granada. El Juzgado de lo Penal ha remitido de nuevo el procedimiento al tribunal provincial, después de que este se declarara meses atrás no competente para celebrar el juicio.

La decisión se produce cuando la causa lleva más de un año con la apertura de juicio oral y devuelve a la Audiencia una pieza que gira en torno a la autorización concedida en 2012 para poner en servicio un complejo residencial de 300 viviendas situado en la calle Pedro Machuca. La Fiscalía sostiene que aquella licencia se otorgó de forma irregular y con la intención de beneficiar al promotor del proyecto y a sus sociedades.

En el banquillo están llamados a sentarse la que fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), y otros tres antiguos responsables del área municipal. El origen de la nueva remisión está en las penas solicitadas por el Ministerio Público: dos años de prisión y nueve de inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno de los cuatro procesados por un presunto delito de prevaricación urbanística.

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 considera que estas peticiones exceden los límites de su competencia y, por ello, entiende que corresponde a la Audiencia Provincial hacerse cargo del enjuiciamiento. Así lo recoge en un auto reciente al que ha tenido acceso Europa Press.

La acusación de la Fiscalía sostiene que los cuatro investigados actuaron “puestos de común acuerdo” y con la finalidad de favorecer al empresario promotor, J.J. Romero, a través de su sociedad Casería de San Jerónimo S.L. Según el escrito de acusación, la licencia se concedió pese a que las obras de urbanización no habían terminado y apartándose de criterios recogidos en informes técnicos anteriores.

El Ministerio Público cuestiona además que se invocaran supuestas razones de interés público que, a su juicio, no existían y señala la ausencia del preceptivo informe jurídico. También apunta a que no se disponía de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el desvío del Barranco San Jerónimo, circunstancia que, según la Fiscalía, supondría una grave vulneración de la normativa urbanística.

La controversia no se limita a la licencia. La Fiscalía sostiene que la puesta en servicio quedó circunscrita a las manzanas ocupadas por las 300 viviendas y una estación de servicio, mientras el resto del planeamiento previsto para la zona permanecía sin ejecutar. Una situación que, según el escrito de acusación, habría dejado al residencial sin determinados equipamientos y dotaciones.

El escrito fiscal atribuye además al estancamiento de la urbanización del PP-N2 diversos problemas para los vecinos de Ciudad de la Luz, entre ellos deficiencias de salubridad y la ausencia de servicios públicos como la limpieza viaria o la recogida de residuos, al considerar el Ayuntamiento que la urbanización no ha sido recepcionada.

La Fiscalía sitúa como responsable civil al promotor presuntamente beneficiado, a dos de sus sociedades y, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Granada. Reclama que el empresario y sus mercantiles afronten los costes pendientes de urbanización, tanto los correspondientes a nuevas actuaciones como los derivados de reparar las obras ya ejecutadas.

Ahora será la Audiencia Provincial de Granada la que deba asumir nuevamente esta pieza del ‘caso Nazarí’ y determinar el futuro de un procedimiento que lleva años ligado a una de las investigaciones urbanísticas más relevantes de la ciudad.