Foto Asaja archivo
El Gobierno prorroga hasta final de año la ayuda de hasta 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, pero las organizaciones agrarias la consideran insuficiente y mantienen su amenaza de movilizaciones.
El campo reclama nuevas medidas para paliar el incremento de los costes de producción provocado por el encarecimiento de algunos insumos a raíz de la guerra en Irán. Las organizaciones agrarias consideran insuficiente la prórroga de la ayuda al gasóleo agrícola, que entra en vigor este jueves y se mantendrá hasta final de año, según el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno ha establecido una ayuda de hasta 20 céntimos de euro por litro de gasóleo agrícola. Entre octubre y diciembre, el importe se calculará sobre el 70 % de la diferencia entre el precio medio semanal del gasóleo agrario y el precio registrado antes del inicio del conflicto.
El decreto también amplía las ayudas compensatorias destinadas a las empresas armadoras de buques pesqueros para hacer frente al incremento de los costes derivados del encarecimiento de los combustibles.
En cuanto a la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo utilizado en agricultura, incluida la horticultura, la ganadería y la silvicultura, el importe será de cero euros para el combustible adquirido durante octubre.
Para noviembre, la devolución será de 14,5 euros por cada 1.000 litros, salvo que los tipos impositivos aplicables determinen una cuantía diferente. En diciembre, la devolución ascenderá a 41 euros por cada 1.000 litros, con las mismas excepciones previstas en el decreto.
Además, el Ejecutivo ha aprobado un suplemento de crédito de 52 millones de euros para financiar las ayudas al gasóleo destinado a productores agrarios y de otros 15 millones para el sector pesquero.
El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha explicado que el decreto pretende «prorrogar y adaptar las medidas de apoyo» a hogares, empresas y sectores productivos hasta final de año ante la persistencia de los riesgos geopolíticos y su impacto sobre los precios energéticos.
De este modo, se mantienen las ayudas de hasta 20 céntimos por litro para agricultores, ganaderos y armadores, además de las medidas fiscales vinculadas a los carburantes.
El precio medio ponderado del gasóleo B se sitúa ya en 1,562 euros por litro, un 61,9 % más que antes del inicio del conflicto bélico.
Cuerpo también ha anunciado que solicitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que analice el comportamiento de la cadena alimentaria y la evolución de los productos que más están contribuyendo al encarecimiento de la cesta de la compra.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) calcula que la prórroga supone un desembolso adicional de 67 millones de euros: 52 millones destinados al sector agrario y 15 millones al pesquero.
Con esta nueva partida, el importe total de las ayudas específicas dirigidas a los sectores agrario y pesquero desde el inicio de la guerra en Oriente Medio asciende a 1.174 millones de euros.
El MAPA también continúa con el despliegue de la ayuda extraordinaria para la compra de fertilizantes, dotada con 665 millones de euros, el máximo autorizado por la Comisión Europea. Tras el primer pago, de 494,5 millones de euros, realizado a 249.376 agricultores, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicará en la segunda semana de octubre una segunda resolución de beneficiarios.
Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han coincidido en considerar insuficiente la prórroga de la ayuda al gasóleo y han advertido de que mantendrán las movilizaciones si el Gobierno no aprueba nuevas medidas para compensar el incremento de los costes de producción.
El secretario general de Asaja, Juan José Álvarez, ha señalado que producir este año una hectárea de cereal de secano cuesta un 25 % más que el año pasado. La organización reclama medidas fiscales que permitan reducir el impacto del encarecimiento de los carburantes y los fertilizantes, entre ellas una reducción del 35 % de la factura del gasóleo y del 15 % de los fertilizantes en el IRPF.
Por su parte, el secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha confirmado que el sector prepara un calendario de movilizaciones junto a Asaja y UPA, que se concretará en los próximos días y que podría incluir una gran protesta en Madrid.
Góngora considera que las medidas aprobadas por el Gobierno «no son ninguna solución» y sostiene que no abordan el problema de fondo al que se enfrenta el sector.
El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, también ha confirmado la intención de su organización de movilizarse, apostando por la «unidad de acción» con el resto de organizaciones agrarias, aunque no descarta hacerlo en solitario. Cortés ha calificado de «broma de mal gusto» el mantenimiento de la ayuda de 20 céntimos por litro para los carburantes agrícolas.