Granada: Desalojo sin incidentes en Azacayas tras meses de ocupación
Fotos Ramón Martín
Un amplio dispositivo policial ha culminado en la mañana de este miércoles el desalojo del edificio ocupado en la calle Azacayas de Granada, en cumplimiento de una orden judicial. La intervención, que comenzó a primera hora de la madrugada, se ha desarrollado sin incidentes y con una salida pacífica por parte de los veinte ocupantes del inmueble, entre ellos un menor, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.
El edificio, ubicado en pleno centro de la capital granadina y de titularidad pública, fue ocupado el pasado mes de diciembre por un grupo autodenominado Sindicato de la Vivienda de Granada, que lo rebautizó como Centro Social Okupado La Madriguera. Los ocupantes anunciaron entonces su intención de transformarlo en un espacio comunitario con propuestas culturales, talleres y comedores sociales para el barrio.
A pesar de esta declaración de intenciones, el inmueble tenía orden judicial de desalojo desde hace semanas. Ya el 20 de enero se vivió un primer intento de expulsión, promovido por una empresa de desokupación contratada por la propiedad. La operación, ejecutada sin respaldo judicial, terminó en enfrentamientos, un herido leve y un detenido, lo que generó tensiones y protestas por parte de colectivos afines al centro social.
El dispositivo de este miércoles, que ha movilizado hasta una veintena de furgonetas de la Policía Nacional, ha tenido lugar desde las cinco de la madrugada y ha contado con el apoyo de la Policía Local. Los agentes han procedido al desalojo en pequeños grupos, permitiendo que los ocupantes recogieran sus pertenencias y abandonaran el edificio sin altercados. Una vez completada la actuación, el edificio ha quedado bajo vigilancia para evitar nuevas ocupaciones.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha confirmado que la intervención se ha llevado a cabo con «normalidad» y sin detenciones. También ha subrayado que se mantendrá un dispositivo de seguridad en la zona durante las próximas horas para prevenir cualquier incidente posterior.
El inmueble, que en su día albergó oficinas de la Junta de Andalucía, se encuentra ahora a la espera de ser restituido a sus legítimos propietarios tras meses de uso no autorizado. Mientras tanto, la actuación ha reabierto el debate sobre el acceso a la vivienda, la gestión de los espacios públicos abandonados y los límites de la protesta social.