ayuntamiento-de-granada-y-emasagra-renuevan-el-convenio-para-garantizar-el-acceso-al-agua-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad

Ayuntamiento de Granada y EMASAGRA renuevan el convenio para garantizar el acceso al agua a las personas en situación de vulnerabilidad

La alcaldesa de Granada destaca que “la colaboración público-privada se convierte en un pilar clave para proteger a las familias más vulnerables frente a la pobreza hídrica y avanzar hacia una Granada más justa, inclusiva y solidaria”

  • El acuerdo refuerza el compromiso institucional con los derechos sociales básicos, “la justicia social comienza en los servicios básicos y garantizarlos es una obligación moral e institucional”
  • Marifrán Carazo recuerda los datos correspondientes a 2024, año en el que Emasagra aplicó medidas sociales a un total de 4.517 familias vulnerables, que se corresponden con un 3% del total de usuarios de la compañía municipal.
  • La empresa también dispone de un plan de bonificaciones para colectivos desfavorecidos, como pensionistas o jubilados, desempleados, familias numerosas, discapacitados con grado igual o superior al 65%, personas dependientes o víctimas de violencia de género

 El Ayuntamiento de Granada y EMASAGRA, la empresa municipal encargada de la gestión del agua, han renovado el convenio de colaboración para luchar contra la hidrovulnerabilidad, una realidad que afecta a personas y familias que atraviesan dificultades económicas y no pueden afrontar el pago de sus facturas de agua. Esta alianza se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo social y sostenibilidad del municipio y responde al firme compromiso de ambas entidades por no dejar a nadie atrás.

Según la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, “el acceso al agua es un derecho esencial que ninguna persona debe perder por falta de recursos. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Granada da un paso decidido para blindar este derecho y proteger a quienes más lo necesitan”. Para la máxima autoridad municipal, “la justicia social comienza en los servicios básicos, y garantizarlos es una obligación moral e institucional”.

El convenio, con una duración inicial de cuatro años, establece un marco de actuación conjunto que permitirá atender situaciones de precariedad mediante acciones coordinadas, ágiles y adaptadas a cada caso. Entre las medidas más destacadas se encuentran, el fraccionamiento personalizado de deudas por impago de agua, atendiendo a la situación económica de cada usuario; la suspensión de cortes de suministro para personas que hayan sido valoradas por los Servicios Sociales como hidrovulnerables; la reanudación del servicio con bonificaciones de hasta el 80 % en los costes de reconexión, en caso de interrupciones injustificadas o la posibilidad de acceso a bonificaciones sociales y al Fondo Social del Agua, gestionado por EMASAGRA.

Según ha subrayado Marifrán Carazo la atención prioritaria a personas que inicien procedimientos de ayuda o estén en valoración por parte del Ayuntamiento, con acceso gratuito al cambio de titularidad de contratos de agua para facilitar la gestión de ayudas a arrendatarios en situación de pobreza hídrica.

La regidora ha señalado que este convenio no es solo un mecanismo técnico, sino un ejemplo de colaboración público-privada con vocación social. Ayuntamiento y empresa pública suman esfuerzos, recursos y capacidades para llegar más lejos y responder de forma integral a una problemática compleja y creciente, como es la pobreza hídrica.

“La colaboración público-privada que impulsa este acuerdo tiene un enfoque profundamente humano. No se trata solo de números, sino de personas, de familias, de menores y mayores que merecen vivir con dignidad”, ha explicado Craazo, quien ha destacado que “una sociedad que no garantiza derechos básicos no puede considerarse plenamente democrática ni justa”.

Desde el Ayuntamiento, esta iniciativa se enmarca en el plan estratégico de inclusión social y lucha contra la pobreza, con especial atención a la cobertura de necesidades básicas y al acompañamiento integral de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo. El convenio fortalece además la red municipal de servicios sociales, que contará con apoyo técnico y canales directos de comunicación con EMASAGRA para agilizar trámites y minimizar tiempos de espera.

Además, el convenio contempla la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento, encargada de coordinar, evaluar y mejorar la aplicación del acuerdo, así como la celebración de reuniones periódicas entre personal de EMASAGRA y los Centros Municipales de Servicios Sociales. Estas reuniones permitirán intercambiar información, resolver dudas y mejorar la atención a las personas beneficiarias.

Este acuerdo supone un avance decisivo hacia una Granada más comprometida con el bienestar de su ciudadanía. Una ciudad que escucha, que actúa, y que cree que el desarrollo urbano debe ir de la mano del desarrollo humano. “Este convenio es la prueba de que una gestión responsable, coordinada y sensible puede transformar la realidad de muchas personas”, ha concluido la alcaldesa.

Granada se sitúa así a la vanguardia de las políticas sociales innovadoras, que ponen en el centro a las personas y sus derechos, y que entienden que los servicios básicos, como el agua, deben estar garantizados en todo momento y circunstancia.

Marifrán Carazo ha recordado los datos correspondientes a 2024, año en el que Emasagra aplicó medidas sociales a un total de 4.517 familias vulnerables, que se corresponden con un 3% del total de usuarios de la compañía municipal.

La empresa también dispone de un plan de bonificaciones para colectivos desfavorecidos, como pensionistas o jubilados, desempleados, familias numerosas, discapacitados con grado igual o superior al 65%, personas dependientes o víctimas de violencia de género.

Para Juan Carlos Torres, este «compromiso social con mayúsculas es consecuencia directa de las bonanzas de la colaboración público-privada, un marco en el que Emasagra es un referente». Añadió que «el diálogo, en los casos en los que hay gente necesitada, forma parte de la estrategia de Emasagra», que aceptará el fraccionamiento de pagos en familias necesitadas «como una forma de afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión social».