El Juzgado de lo Penal número 1 de Motril ha dictado una condena conjunta de más de catorce años de prisión para siete personas implicadas en una violenta agresión ocurrida en el hospital comarcal de la localidad. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 6 de febrero de 2023, cuando los ahora condenados agredieron a personal sanitario y de seguridad que se encontraba en la entrada del servicio de Urgencias del centro hospitalario.
La sentencia, que ya es firme tras un acuerdo alcanzado entre la defensa y la acusación, impone a cada uno de los acusados dos años de prisión por delitos de atentado contra funcionario sanitario y lesiones. Aunque en un principio la Fiscalía solicitaba hasta 12 años de cárcel para cada uno, la pena se redujo considerablemente gracias al pacto cerrado con el abogado defensor Carlos Juan González.
Pese a la condena, ninguno de los siete implicados ingresará en prisión, ya que las penas individuales no superan los dos años y los acusados carecen de antecedentes penales, lo que permite la suspensión del ingreso en prisión según recoge la legislación vigente.
Los incidentes se originaron cuando un paciente fue ingresado de urgencia en el hospital, lo que motivó la llegada de varios familiares y allegados al acceso del servicio de Urgencias. Dada la restricción habitual de acceso para preservar el orden y la seguridad del centro, no se les permitió el paso, lo que derivó en una situación de tensión creciente.
Posteriormente, uno de los acompañantes manifestó encontrarse indispuesto, lo que llevó a que un enfermero, una celadora y dos vigilantes de seguridad acudieran para ofrecer asistencia. Fue en ese momento cuando el grupo rodeó al personal y comenzó a agredirlos físicamente, propinándoles puñetazos y patadas en un intento de acceder por la fuerza al interior del hospital.
Además de la condena penal, el juez ha impuesto a los agresores una multa de 15.525 euros en concepto de responsabilidad civil, que deberán abonar de forma solidaria. Asimismo, deberán cumplir una orden de alejamiento de 300 metros durante tres años respecto a las víctimas, sus domicilios y lugares de trabajo. Tampoco podrán establecer ningún tipo de comunicación con ellas durante ese periodo.
Con esta sentencia, el juzgado pone fin a un caso que generó gran indignación en la comunidad sanitaria y que reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la protección legal de los profesionales que prestan servicios esenciales.