Salobreña: El PP lleva al Pleno la devolución de la tasa de basuras cobrada sin servicio en cortijos y viviendas rurales
El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) de Salobreña ha registrado una moción de urgencia en el Pleno para exigir al equipo de gobierno —PSOE, IU, CA y dos concejales no adscritos— que acate de inmediato la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz. El organismo insta al Ayuntamiento a revisar y devolver la tasa de recogida de residuos cobrada a propietarios de cortijos y viviendas en suelo rústico donde el servicio no se presta.
La propuesta se debatirá mañana, jueves 20 de noviembre, en la sesión plenaria convocada a las 10.00 horas.
El PP considera “inaceptable” que el Ayuntamiento haya ignorado la recomendación del Defensor, una actitud que, según los populares, provocará que Salobreña aparezca “señalada públicamente” en el Informe Anual que la institución remitirá al Parlamento andaluz por incumplimiento injustificado.
El Defensor avala a los vecinos
La resolución concluye que el Consistorio ha cobrado la tasa de basuras en zonas rurales donde el servicio no se presta o donde no existe un punto de recogida a menos de 300 metros de la vivienda.
El portavoz del PP, Juan de Dios Márquez Moya, recuerda que “no se puede cobrar un impuesto por un servicio que no se recibe” y acusa al gobierno local de actuar con “falta de ética y respeto institucional”, perjudicando a los vecinos “por su inacción”.
Daño a la imagen municipal
Márquez advierte además de que la negativa del Ayuntamiento a colaborar con el Defensor del Pueblo Andaluz evidencia “una grave falta de transparencia y rendición de cuentas” y supone un daño para la imagen de Salobreña. “El municipio no merece figurar en el informe anual del Parlamento como un ayuntamiento que incumple la ley y desatiende a sus ciudadanos”, sostiene.
Lo que pide el PP
La moción plantea tres acciones:
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Cumplimiento íntegro de la resolución del Defensor, revisando de oficio todas las liquidaciones de la tasa cobradas sin servicio efectivo o sin contenedor a menos de 300 metros.
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Devolución inmediata de las cantidades cobradas de forma indebida.
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Plan de instalación de contenedores en zonas rurales y diseminados que garantice un acceso adecuado al servicio.

