La portavoz socialista Gádor Domínguez muestra su profunda preocupación por las consecuencias que tendrá para las familias y las trabajadoras de la Escuela Infantil Municipal Rosa López Cervantes la gestión realizada por el Equipo de Gobierno en este procedimiento.

Tras el secuestro de la concesión aprobado por el Ayuntamiento, el Consistorio asumirá temporalmente la gestión económica del servicio para garantizar el pago de las nóminas de las trabajadoras y permitir que el presente curso finalice con normalidad.

Sin embargo, según ha informado el propio Ayuntamiento, la resolución definitiva del contrato con la empresa concesionaria será un proceso largo y previsiblemente judicializado, al no haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes.

Esta situación impedirá que la Escuela Infantil Rosa López Cervantes pueda prestar servicio el próximo curso, obligando a la reubicación de más de 80 niños y niñas en otros centros infantiles. Además, las familias dispondrán únicamente de tres días para elegir entre los centros ofertados por la Junta de Andalucía.

Esta decisión supone un importante trastorno para numerosas familias de Motril, que tendrán que asumir desplazamientos diarios de varios kilómetros para llevar a sus hijos e hijas a otros centros, con las dificultades añadidas que ello implica para quienes carecen de vehículo o tienen problemas para compatibilizar estos desplazamientos con sus horarios laborales.

Asimismo, las trabajadoras del centro volverán a ser las grandes perjudicadas, ya que finalizarán su relación laboral en julio y deberán buscar un nuevo empleo para el próximo curso.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que esta situación podría haberse evitado. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, conocía desde hace más de dos años los problemas que atravesaba esta escuela infantil municipal y, sin embargo, no impulsó una solución hasta que las familias denunciaron públicamente la situación y el Grupo Municipal Socialista llevó este asunto al Pleno del Ayuntamiento.

Del mismo modo, entendemos que el Equipo de Gobierno debería haber agotado todas las vías de negociación con la empresa concesionaria para alcanzar una resolución consensuada del contrato. Un acuerdo habría permitido agilizar el procedimiento, licitar una nueva concesión con tiempo suficiente y garantizar la continuidad del servicio el próximo curso, evitando el grave perjuicio que ahora sufrirán familias, alumnado y trabajadoras.

Lamentablemente, la falta de previsión y de capacidad de gestión ha desembocado en el cierre temporal de un servicio público esencial para más de ochenta familias motrileñas.

Desde el Grupo Municipal Socialista seguiremos defendiendo una solución que sitúe en el centro el interés de los menores, la tranquilidad de las familias y la estabilidad laboral de las profesionales, porque los servicios públicos municipales merecen una gestión eficaz, planificada y responsable.