Granada: El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente una situación que considera de extrema gravedad en materia de prevención de riesgos laborales: “Actualmente, los policías nacionales destinados en Granada no tienen garantizado su derecho a recibir las vacunas necesarias frente a enfermedades infectocontagiosas, como la hepatitis A y B, a pesar de estar expuestos de manera habitual a situaciones que comprometen su salud”.
Tradicionalmente, todos los agentes que ingresaban en la Escuela Nacional de Policía (ENP) recibían vacunación frente a la hepatitis A y B en caso de no estar debidamente inmunizados. Esta práctica, aún vigente en la ENP, responde a la obligación legal de proteger a los funcionarios frente a los riesgos inherentes a su profesión, conforme al artículo 8 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, relativo a la protección de los trabajadores contra la exposición a agentes biológicos.
Además, hasta 2021, en Granada se procedía a la revacunación de aquellos policías que mostraban anticuerpos deficitarios ante la hepatitis A y B, e incluso se administraban dosis de refuerzo frente al tétanos-difteria cuando era necesario.
Sin embargo, desde la creación en junio de 2021 de la Unidad Básica Sanitaria en la Comisaría Provincial de Granada, encargada de la vigilancia de la salud de todos los agentes de la provincia, “esta obligación ha dejado de cumplirse, dejando a los policías sin cobertura efectiva”.
En la última reunión del Comité de Seguridad y Salud, un asesor de la administración manifestó que “actualmente las vacunaciones objeto de control se encuentran incluidas en los calendarios vacunales de todas las Comunidades Autónomas y es Salud Pública de dichas comunidades la encargada de esta actividad”.
El SUP rechazó frontalmente estas afirmaciones, declarando que “no se ajustan a la normativa vigente ni al marco legal de la prevención de riesgos laborales” y que “la Dirección General de la Policía, a través de la Unidad Básica Sanitaria, tiene la obligación de garantizar la vacunación de los policías nacionales frente a los riesgos biológicos propios de la profesión, sin que exista justificación para derivar dicha responsabilidad”.
Por ello, el Sindicato Unificado de Policía ha trasladado esta situación a la Inspección de Trabajo, solicitando que se actúe en consecuencia para restaurar la legalidad y la seguridad de todos los policías nacionales de Granada.
El SUP subraya que “una de nuestras funciones como representantes sindicales es salvaguardar la protección sanitaria que le corresponde por derecho a los policías nacionales” y advierte que “negar estas vacunaciones constituye un incumplimiento grave en materia de salud laboral y representa un riesgo inaceptable para quienes cada día velan por la seguridad ciudadana”.