La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por el Gobierno andaluz al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas, al considerar que la reforma puede generar inseguridad jurídica y afectar a sectores estratégicos vinculados al litoral.

La petición ha sido formalizada mediante una carta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que el Ejecutivo andaluz reclama que Bruselas conozca la posición de Andalucía antes de que avance el procedimiento de infracción abierto contra España por la normativa de costas.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha defendido que la Comisión Europea debe disponer de toda la información antes de adoptar cualquier decisión. «Es fundamental que conozca el posicionamiento de las comunidades autónomas con competencias en el litoral», ha señalado.

Una reforma que, según la Junta, deja fuera el verdadero problema

El Ejecutivo andaluz considera que el Ministerio está abordando únicamente una modificación del Reglamento General de Costas cuando las observaciones planteadas por la Comisión Europea afectan también a la propia Ley de Costas de 1988 y a su modificación de 2013.

Para la Junta, limitar la reforma al reglamento supone posponer el debate sobre la ley y crear un escenario de incertidumbre para administraciones, empresas y particulares.

Asimismo, sostiene que el Gobierno central no ha tenido suficientemente en cuenta a las comunidades autónomas, pese a que estas ejercen competencias directas en materias como la gestión del litoral, la ordenación del territorio, el medio ambiente, los puertos o la pesca.

Los sectores que podrían verse afectados

La Junta advierte de que la modificación del reglamento puede tener repercusiones directas sobre numerosas actividades económicas que dependen de las autorizaciones y concesiones otorgadas en el dominio público marítimo-terrestre.

Entre los sectores que podrían verse perjudicados se encuentran los chiringuitos, restaurantes y otros negocios situados en las playas, si la reforma endurece las condiciones para renovar o mantener sus concesiones.

También podrían verse afectados los puertos deportivos y clubes náuticos, cuyas autorizaciones dependen de la regulación de los espacios costeros.

Otro de los sectores señalados por el Gobierno andaluz es el de la pesca y la acuicultura, especialmente aquellas empresas que necesitan ocupar terrenos de dominio público para desarrollar su actividad.

La Junta también alerta de posibles consecuencias para propietarios de viviendas y edificaciones ubicadas en la costa que estén sujetas al régimen de concesiones previsto por la Ley de Costas, así como para los ayuntamientos costeros, que podrían encontrar mayores dificultades para ejecutar proyectos o desarrollar actuaciones en el litoral.

Andalucía reclama que Europa conozca su posición

El Gobierno andaluz considera que cualquier modificación de la normativa debe abordarse de forma integral, revisando tanto el reglamento como la Ley de Costas, y no mediante cambios parciales que, a su juicio, pueden incrementar la conflictividad competencial y la inseguridad jurídica.

Por ello, ha pedido al Ministerio que incorpore sus alegaciones al expediente que se tramita ante la Comisión Europea, con el objetivo de que Bruselas conozca la postura de Andalucía antes de pronunciarse sobre la adecuación de la normativa española al Derecho de la Unión Europea.