Confederación General del Trabajo ( Motril )– Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días para la celebración de juicios y el dictado de las sentencias, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más frecuente encontrar causas judiciales cuyos juicios se señalan a varios años vista. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social.
Los Juzgados de lo Social no están al borde del colapso, están colapsados. Demandas cuyas vistas judiciales se fijan para 2025, 2026 o 2027 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social. Esta es la situación que padecemos, que no genera ninguna alarma relevante para sus máximos gestores y que aprovecha la patronal para campar libremente a sus anchas sabedores de la indefensión de la clase trabajadora que se encuentra privada del derecho al servicio público de la justicia social. Los señalamientos judiciales a años vista empujan además en esa dirección. Se obliga de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales que dejan ser útiles y no surten efecto. Se impone por la vía de hecho el abandono de debates jurídicos que adolecerán de “pérdida sobrevenida de objeto”. De esta manera se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de las/os trabajadores, que ya vienen arrastrando importantes cargas desde la Reforma Laboral de 2012.
Está claro, que hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación.
Asimismo, con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. Quienes incumplen se benefician así de retrasos que los favorecen precisamente por no cumplir con las normas. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito, sobre el que la patronal –la más incumplidora atendiendo a las estadísticas judiciales- mantiene un indisimulado silencio. La dilación en el tiempo de las condenas es otro factor a su favor.
Por ello, desde CGT exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:
Por todo ello CGT Costa de Granada convoca este acto de protesta del próximo jueves 11 de julio de 10 a 11 de la mañana en los juzgados de Motril.