Tras conocerse la decisión del Gobierno de España de otorgar a Zaragoza la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), las principales instituciones granadinas y andaluzas han expresado su decepción y han coincidido en denunciar que Granada pierde una oportunidad estratégica pese a presentar una candidatura respaldada por un sólido ecosistema científico y sanitario.

La Junta de Andalucía ha lamentado el resultado al considerar que la candidatura de Granada reunía todas las condiciones técnicas para albergar la Agencia. El Gobierno andaluz había comprometido una inversión superior a los 10 millones de euros para habilitar una sede provisional en la Escuela Andaluza de Salud Pública y una definitiva en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, defendiendo que la ciudad ofrecía un entorno único gracias a la presencia del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), la Universidad de Granada, la propia EASP y una amplia red de centros de investigación biomédica. Desde la Junta se ha insistido en que la propuesta granadina cumplía ampliamente los requisitos exigidos y constituía una de las candidaturas más competitivas del proceso.

El Ayuntamiento de Granada también ha mostrado su decepción por la resolución. La alcaldesa, Marifrán Carazo, había defendido durante todo el proceso que Granada era la mejor ubicación para la Agencia por su liderazgo en investigación biosanitaria y por la capacidad de generar sinergias entre universidad, sistema sanitario e innovación. Desde el Consistorio consideran que la ciudad pierde un proyecto estratégico que habría reforzado su proyección nacional e internacional y consolidado su posicionamiento como referente en salud pública e investigación.

En la misma línea, la Diputación de Granada ha sido una de las administraciones más críticas con la decisión del Ejecutivo central. Su presidente, Francis Rodríguez, ha acusado al Gobierno de «castigar de nuevo a Granada», al entender que la provincia vuelve a quedar al margen de una infraestructura estatal de gran relevancia. Rodríguez ha recordado otros procesos recientes en los que Granada tampoco resultó elegida para albergar organismos nacionales y ha defendido que la candidatura granadina contaba con el respaldo unánime de las instituciones y del sector científico. Asimismo, ha cuestionado que una propuesta considerada modélica por numerosos expertos haya sido descartada.

La Universidad de Granada, uno de los pilares de la candidatura, había respaldado desde el inicio la propuesta destacando el potencial investigador de la ciudad, la excelencia de sus grupos científicos y la fortaleza del ecosistema biosanitario integrado por la Universidad, el Parque Tecnológico de la Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública y el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Aunque en las primeras horas posteriores al anuncio no realizó una valoración institucional de gran alcance, la UGR había defendido durante todo el proceso que Granada reunía condiciones únicas para convertirse en sede de la Agencia.

Las críticas institucionales coinciden en señalar que la decisión supone una oportunidad perdida para consolidar a Granada como referencia nacional en salud pública, investigación e innovación sanitaria. Tanto la Junta como el Ayuntamiento y la Diputación subrayan que la candidatura había logrado un respaldo prácticamente unánime de administraciones públicas, universidades, colegios profesionales, entidades científicas y agentes sociales, que la presentaban como un proyecto de consenso basado en las capacidades ya existentes en la ciudad.