Los sindicatos médicos andaluces anuncian movilizaciones más intensas contra el Estatuto Marco de la Ministra de Sanidad
Imágenes de archivo en Motril
Los sindicatos médicos de Andalucía, encabezados por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han anunciado que intensificarán sus movilizaciones en 2026 para rechazar el borrador del Estatuto Marco propuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García. La medida se enmarca en una coordinación nacional con otros colectivos médicos, como la CESM, AMYTS (Madrid) o Metges de Catalunya, que buscan impedir que el texto avance sin recoger las demandas específicas de los profesionales.
Los representantes sindicales han advertido que el borrador actual no reconoce la singularidad de la profesión médica y unifica a los facultativos con otros colectivos sanitarios, lo que, a su juicio, pone en riesgo la calidad del sistema sanitario y las condiciones laborales de los médicos. En Andalucía, esta postura ha generado una fuerte movilización en hospitales y centros de salud, consolidando al SMA como un actor clave en la defensa de los intereses del sector.
El calendario de protestas aún no está cerrado, pero los sindicatos han confirmado que las movilizaciones serán más duras y prolongadas que las realizadas hasta ahora, incluyendo paros y jornadas de huelga coordinadas que podrían arrancar en febrero de 2026. No se descartan incluso huelgas indefinidas si no se atienden sus reivindicaciones.
El conflicto refleja un pulso más amplio en España entre el Ministerio de Sanidad y los médicos, que exigen un estatuto propio que regule aspectos como la jornada laboral, guardias, clasificación profesional y negociación colectiva. Andalucía se perfila como una de las comunidades donde la presión sindical tendrá mayor impacto, dado el peso del SMA y la alta participación de los profesionales en las protestas recientes.
Los sindicatos llaman a la unidad y a la participación de todos los médicos para garantizar que el Estatuto Marco se ajuste a sus demandas, buscando preservar la calidad asistencial y proteger los derechos laborales en toda la comunidad autónoma.