EFEAGRO.- Los agricultores y ganaderos españoles se han echado esta semana a las calles y carreteras en muchos puntos de España, una manera de mostrar su hartazgo por la crisis que atraviesan y exigir un giro en las políticas que les afectan.
A continuación, las respuestas a algunas de las preguntas que han suscitado las protestas:
Al calor de las manifestaciones de los agricultores en Francia y otros países de la Unión Europea (UE), comenzaron a crearse grupos de productores en redes sociales instando a hacer lo mismo en España, con la vista puesta en el 6 de febrero.
Ese día hubo múltiples tractoradas en las que participaron una gran mayoría de agricultores y ganaderos a título individual y al margen de las organizaciones agrarias; algunos de sus promotores crearon la llamada Plataforma 6F, con portavoces que en el pasado han sido relacionados con VOX y movimientos de ultraderecha.
En esas protestas también han participado de manera activa la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, asociaciones de productores de tintes nacionalistas y otros grupos que han llevado a las calles reivindicaciones de distinto signo.
Tras expresar su respeto a los manifestantes, las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) han mantenido en unidad de acción su propio calendario de movilizaciones, que comenzaron este jueves por zonas.
Algunas federaciones regionales de cooperativas se han sumado a las protestas desde el inicio y el sector pesquero estudia unirse la próxima semana.
En general, los agricultores denuncian la crisis que atraviesa el campo, en concreto las pequeñas explotaciones, que ven cada vez más difícil mantener su actividad con la subida de los costes de producción y las mayores exigencias ambientales en la UE.
Critican el aumento de la burocracia y la entrada de importaciones agrícolas de terceros países que no cumplen con los requisitos de producción europeos, sobre todo en el uso de pesticidas.
En las protestas también se han colado otros mensajes que causan división entre los participantes, como el de exigir el fin de la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU), cuestiones que reclama VOX y que otros consideran ajenas al sector agrario.
Las organizaciones agrarias piden por lo general un mayor apoyo al modelo de agricultura familiar y la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) de la UE, en asuntos como la eliminación del 4 % de superficie de barbecho permanente y la redefinición de los ecorregímenes (ayudas vinculadas a prácticas sostenibles).
Exigen reciprocidad en las relaciones comerciales con otros países, lo que también se denomina «cláusulas espejo».
A la petición de una mayor simplificación de los trámites administrativos se une la de mejorar la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y reducir los desequilibrios que sigue habiendo, sobre todo en la fijación de los precios.
Asimismo, los agricultores destacan la necesidad de cambiar el sistema de seguros agrarios para afrontar en mejores condiciones los efectos del cambio climático, que conlleva importantes pérdidas de cosechas, como se ha visto en España con la actual sequía.
Y piden que se escuche al sector primario a nivel europeo, nacional y autonómico cuando se legislen cuestiones que les afectan, como el bienestar animal, el uso de fitosanitarios y el regadío.
Tras las manifestaciones de las últimas semanas en la UE, la Comisión Europea anunció el martes que retirará la cuestionada propuesta de ley que planteaba objetivos vinculantes para reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos para 2030.
Su presidenta, Ursula von der Leyen, se ha comprometido a involucrar más al sector, que lleva tiempo expresando su rechazo a ciertos aspectos del Pacto Verde Europeo, la estrategia comunitaria «De la granja a la mesa» y leyes como la de restauración de la naturaleza.
Con las elecciones europeas de junio en el horizonte inmediato, Bruselas quiere calmar a los agricultores con promesas como la derogación del mantenimiento del barbecho en 2024, salvaguardas frente a las importaciones ucranianas y una menor carga administrativa, además de reconocer que no se dan las condiciones para concluir el pacto comercial con Mercosur.
En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió esta semana en el Congreso fortalecer la ley de la cadena, implementar las «cláusulas espejo», simplificar la PAC y facilitar la adaptación a la normativa europea.
Varios ministros han tenido la mano a las organizaciones para dialogar sobre sus problemas, mientras que distintos grupos parlamentarios han promovido iniciativas a favor del sector.
Pese a estos anuncios, los agricultores reclaman más concreción en las medidas y mantienen sus movilizaciones, con algunas voces pidiendo extenderlas hasta las elecciones al Parlamento Europeo.
Este sábado está prevista una convocatoria de la Plataforma 6F en Madrid, a la que se suma un paro de la minoritaria Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes.
Asaja, COAG y UPA tienen convocadas protestas durante las próximas semanas; y Unión de Uniones prepara una tractorada frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 21 de febrero.
Por el momento ha habido cortes de calles y carreteras, intentos de bloquear puertos y centros logísticos, ciberataques a webs de instituciones españolas y la detención de una veintena de manifestantes, junto a casi 8.000 personas que se enfrentan a posibles sanciones administrativas.
Las patronales de camioneros cifran en 80.000 los afectados, con pérdidas diarias de unos 35 millones de euros, y la cadena de gran consumo ha alertado de incidencias y retrasos en sus centros.