La pobreza se cronifica en Granada y se afianza en 2025. Cáritas alerta de una emergencia social sostenida
Foto Ramón Martín (Motril Digital)
La pobreza y la exclusión social siguen creciendo en Granada y muestran signos cada vez más claros de cronificación. Así lo reflejan los últimos informes y memorias de Cáritas Diocesana de Granada, junto a los datos ya conocidos de 2025, que confirman un aumento sostenido de personas en situación de vulnerabilidad, con especial impacto en el empleo, la vivienda y el sinhogarismo.
Según los datos correspondientes a 2024, Cáritas atendió a 8.688 personas en la provincia, una cifra que asciende hasta 14.799 beneficiarios si se incluyen los miembros de las unidades familiares. Para ello, la entidad destinó cerca de 7 millones de euros, lo que supuso un incremento tanto en inversión como en personas atendidas respecto al año anterior. En 2023, Cáritas había acompañado a 7.488 personas, con una inversión de 6,2 millones de euros, confirmando una tendencia al alza que no ha remitido tras la pandemia.
Los datos evidencian que la pobreza en Granada no es coyuntural. En comparación con 2019, antes de la crisis sanitaria, el número de personas atendidas es superior, lo que confirma que muchas situaciones de exclusión se han consolidado en el tiempo. Cáritas advierte además de que las dificultades actuales son más complejas y requieren acompañamientos más largos y personalizados, lo que incrementa la presión sobre los recursos sociales.
El desempleo sigue siendo el principal factor de exclusión. El 76 % de las personas atendidas por Cáritas en Granada carece de empleo, y aun entre quienes trabajan, la precariedad es elevada: un 15 % se encuentra en situación de pobreza laboral, con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. Aunque los programas de empleo lograron que un 22 % de las personas acompañadas encontraran trabajo en 2024, la entidad subraya que el acceso a un empleo digno sigue siendo limitado.
En 2025, los datos parciales disponibles confirman esta realidad. Cáritas Granada ha acompañado ya a más de 760 personas vulnerables en la búsqueda de empleo, reforzando programas de orientación laboral, formación y acompañamiento personal. Aunque se han registrado inserciones laborales relevantes, la organización advierte de que muchos contratos siguen siendo temporales y precarios, lo que dificulta la salida real de la pobreza.
Junto al empleo, la vivienda se ha convertido en uno de los grandes focos de emergencia social. Cáritas alerta de que el elevado coste de los alquileres, el realquiler de habitaciones y la inestabilidad residencial afectan de forma directa a cerca de una cuarta parte de las personas atendidas. En 2023, el 40 % de los nuevos casos que llegaron a la entidad lo hicieron como consecuencia directa del encarecimiento del coste de la vida, especialmente de la vivienda, los alimentos y los suministros básicos, una tendencia que continúa en 2024 y 2025.
La situación es aún más extrema entre las personas sin hogar. Cáritas Granada atiende cada año a alrededor de 600 personas en situación de sinhogarismo, muchas de ellas en la capital granadina. La entidad subraya que una parte importante de estas personas lleva menos de un año viviendo en la calle, lo que evidencia una pérdida rápida de estabilidad económica y residencial. La mayoría carece de ingresos estables y presenta trayectorias laborales marcadas por la precariedad o la exclusión prolongada.
Los informes también apuntan a una feminización de la pobreza, con mujeres especialmente afectadas por el desempleo, la precariedad laboral y la carga de cuidados, así como a la vulnerabilidad añadida de las personas migrantes en situación administrativa irregular, que encuentran mayores obstáculos para acceder a empleo y vivienda.
Desde Cáritas Diocesana de Granada advierten de que, sin políticas estructurales que garanticen empleo digno, acceso a vivienda asequible y una protección social suficiente, la pobreza seguirá creciendo y haciéndose más profunda. “No se trata solo de más personas, sino de situaciones más graves y duraderas”, señalan desde la entidad, que reclama una respuesta coordinada de las administraciones públicas ante lo que ya consideran una emergencia social sostenida en Granada, plenamente vigente en 2025.