EFEAGRO.- Los agricultores, ganaderos y pescadores españoles han recargado su lista de reivindicaciones con motivo de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, tras meses de calentamiento con las protestas masivas, para reclamar soluciones a sus crisis y más apoyo frente a los retos ambientales.
Precisamente por esas protestas, sus reclamaciones son más conocidas que nunca para la opinión pública, además de provocar un cierre de legislatura con ruido y la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), junto con las promesas del Ejecutivo español para mejorar la situación del campo-
Por el contrario, la flota reclama una revisión de la Política Pesquera Común (PPC) por considerar que no responde a los retos ambientales o sociales.
Todo el sector primario coincide en que la nueva Comisión Europea (CE) y los nuevos eurodiputados deben dar más prioridad a la producción alimentaria frente a las ambientales y al controvertido Pacto Verde.
A pocos días de que comience la campaña electoral europea, de las organizaciones agrarias mayoritarias -Asaja, COAG y UPA-, solo la última ha suscrito el acuerdo de medidas presentadas por el Gobierno español tras las protestas; además, lo firmó Unión de Uniones.
Sin embargo, los documentos de peticiones de Asaja, COAG, y UPA de cara al 9 de junio coinciden en las grandes líneas, también con los documentos de Cooperativas AgroAlimentarias y con las propuestas de Unión de Uniones.
De hecho, el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias -que integra al sector español- ya propuso, por ejemplo, una Ley de Restauración de la Agricultura, en lugar de la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza.
Todos los ojos estarán puestos en la PAC y en su presupuesto; en la nueva legislatura comunitaria habrá revisión del marco financiero de la Unión Europea (UE).
España recibe 4.800 millones de euros anuales de ayudas de la PAC.
El sector agrario reclama medidas para promover el relevo generacional, facilitar el acceso de jóvenes a la tierra y herramientas contra las enfermedades y plagas.
Otra petición estrella de agricultores y pescadores es el establecimiento de cláusulas espejo, es decir la exigencia a las importaciones de las mismas condiciones que a las requeridas a los productos de la UE.
Las cooperativas han planteado medidas específicas para fomentar este tipo de sociedades, como una «modulación» de ciertas ayudas en su favor o instrumentos de mercado en caso de crisis.
Plantean que la PAC incorpore intervenciones en sectores distintos de los tradicionales, especialmente las flores y plantas y segmentos ganaderos, con presupuesto propio.
«La comunidad agrícola exige que la UE vuelva a colocar a las zonas rurales y al sector agropecuario en el centro del debate», recalca Asaja en su mapa de ruta para las elecciones.
Propone un comisario de Agricultura y Zonas Rurales que ocupe un puesto de vicepresidente en la CE.
En la misma dirección, la patronal de armadores Cepesca pide un comisario de Pesca desvinculado de las competencias de medioambiente, y un vicepresidente ejecutivo de soberanía alimentaria de la CE.
En las reivindicaciones agrarias queda de manifiesto la disconformidad con las ambiciones verdes de Bruselas en la terminada legislatura y se habla de incentivos para ayudar a combatir el cambio climático.
Las cooperativas plantean que si se aplica una «fiscalidad» ambiental sea finalista, para que los ingresos obtenidos ayuden a incentivar las medidas de mitigación del campo.
COAG, por ejemplo, ha defendido una modernización de las infraestructuras, incluyendo las explotaciones más pequeñas, y más eficiencia hídrica y energética.
También ha abogado por una «digitalización» que convierta al agricultor en protagonista y que se mantenga el «modelo europeo de agricultura» con una reducción de costes.
UPA defiende también un plan de acción para la ganadería extensiva y una mejora de la directiva de la UE contra la prácticas comerciales desleales, porque la demanda de los precios justos está en el corazón de las propuestas de todo el sector español.
Unión de Uniones demanda acompasar la ambición ambiental a la «legítima aspiración a un nivel de vida equitativo para los agricultores» y pide «mecanismos de gestión de riesgo» que ofrezcan a los productores una cobertura de sus rentas ante las inclemencias climáticas o sanitarias y frente a crisis de precios.
Cepesca ha alertado del riesgo de supervivencia del sector pesquero español.
Su principal petición es una reforma de la PPC, porque la actual, que impide aumentar la capacidad de los buques, está «desfasada» a su juicio, para afrontar retos como la eficiencia energética, la incorporación de mujeres o las condiciones laborales.