Foto Ramón Martín (Motril Digital)
El Colegio de Abogados de Granada alerta sobre la preocupante situación que atraviesa la Justicia en la provincia, donde los retrasos estructurales han alcanzado niveles incompatibles con el derecho de la ciudadanía a obtener una tutela judicial efectiva.
En este sentido, la Corporación ha recibido en las últimas semanas quejas de varios compañeros por la fijación de juicios para el año 2029, con especial incidencia en la Jurisdicción Social. Esta circunstancia supone que trabajadores, empresas y ciudadanos deben esperar al menos tres años para obtener una resolución judicial sobre cuestiones tan sensibles como despidos, reclamaciones salariales, incapacidades, prestaciones de la Seguridad Social o conflictos laborales que afectan directamente a su estabilidad económica y personal.
Por su parte, los profesionales de la abogacía se ven obligados a explicar a sus clientes que, pese a haber ejercido sus derechos en tiempo y forma, deberán afrontar esperas desproporcionadas para obtener una respuesta judicial. Una situación que genera frustración e incertidumbre en los justiciables y, en muchos casos, un inmerecido daño reputacional para el colectivo profesional. Del mismo modo, estas alarmantes dilaciones también causan perjuicios directos para los propios letrados, que no podrán cobrar sus honorarios hasta concluir los asuntos.
No se trata de una incidencia puntual, sino de un problema estructural que se ha ido agravando con el paso del tiempo, la implantación de una reforma judicial sin la adecuada planificación ni los recursos necesarios y las continuas incidencias tecnológicas y que exige una respuesta urgente por parte de las administraciones competentes.
La abogacía granadina insiste en que una Justicia a tres años vista deja de cumplir adecuadamente su función constitucional y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por ello, el Colegio de Abogados de Granada considera imprescindible la adopción inmediata de medidas que permitan revertir esta situación. En concreto, resulta necesario reforzar las plantillas de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario; dotar a los órganos judiciales de los recursos materiales y técnicos adecuados; crear nuevos órganos allí donde la carga de trabajo lo exige; y establecer planes específicos de choque para reducir el volumen de procedimientos pendientes y recuperar la agilidad, la eficacia y la confianza en el sistema judicial.
Asimismo, la Corporación reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos y continuará denunciando cuantas situaciones comprometan el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia, sin perjuicio de colaborar lealmente en la búsqueda de soluciones al creciente colapso judicial.