Izquierda Unida ha mostrado su sorpresa ante el anuncio de la Consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía sobre la incorporación de Motril al plan autonómico para impulsar la vivienda protegida, al considerarlo un anuncio de carácter meramente electoral. La formación critica que, hasta la fecha, la Junta no ha aplicado medidas para paliar la crisis de la vivienda, como la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, la declaración de zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler.

La concejala Herrera ha señalado que este plan parte de una visión equivocada, ya que plantea que el problema de la vivienda se soluciona únicamente mediante la construcción. Ha lamentado que no se haya aprendido nada de la burbuja inmobiliaria de 2008 y ha recordado que Andalucía cuenta actualmente con el mayor número de viviendas vacías de España, en su mayoría en manos de bancos y fondos de inversión, además de un elevado parque de segundas residencias.

Izquierda Unida insiste en que se trata de un anuncio electoral, dado que desde 2018 Motril dispone de un Plan Municipal de Vivienda que no se ha implementado. Según denuncia la formación, no se han desarrollado actuaciones para fomentar la vivienda protegida ni para impulsar la rehabilitación de edificios. Herrera recuerda que, mientras el gobierno local anunciaba anualmente la construcción de cientos de viviendas de protección oficial, el Plan Municipal de Vivienda estimaba una necesidad de más de 2.000 en diez años, de las cuales solo se han construido 40.

La formación subraya que, pese a la realidad de la crisis de vivienda, las actuaciones de los gobiernos han sido prácticamente inexistentes. Afirma que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y un pilar del estado del bienestar, por lo que todas las administraciones públicas tienen el deber de promoverlo. IU alerta de que actualmente los precios de compra y alquiler se están incrementando con fuerza, alcanzando su mayor subida en 18 años, y que una de cada tres personas que vive de alquiler destina más del 50% de sus ingresos a este gasto. Además, seis de cada diez inquilinos llegan con dificultades económicas, sin capacidad de ahorro y con riesgo de endeudamiento, lo que limita el acceso a la vivienda.

Herrera añade que la proliferación de viviendas de uso turístico eleva los precios del alquiler y reduce la oferta de larga duración. La formación muestra su preocupación por la política de vivienda de la Junta de Andalucía, que ha optado por aumentar el precio máximo de venta de las viviendas protegidas para atraer al sector privado, una medida que, según IU, no resolverá el problema para la mayoría social.

Izquierda Unida defiende que aumentar la construcción privada no es suficiente si no se actúa sobre los precios, y denuncia la falta de mecanismos de regulación que favorecen la especulación inmobiliaria, priorizando el beneficio económico frente al derecho a una vivienda digna. La formación exige que las administraciones utilicen los instrumentos legales disponibles para intervenir en el mercado y frenar la especulación.

Desde 2018, IU ha presentado iniciativas en el Pleno Municipal para promover la vivienda protegida y la rehabilitación de edificios, pero estas no han sido ejecutadas por el equipo de gobierno. La formación critica que los ingresos del Patrimonio Municipal de Suelo no se han destinado a estos fines, a pesar de la obligación legal de priorizar la vivienda social, ni se ha implementado el Plan Municipal de Vivienda.

Finalmente, IU rechaza la mercantilización de la vivienda y aboga por la creación de un parque público de titularidad y gestión pública, así como por la regulación de precios, la limitación de la compra especulativa y el gravamen de la acumulación de viviendas. La formación asegura que continuará trabajando en Motril para garantizar el acceso a una vivienda digna.