1 / 2

Granada: UGT, CCOO y CSIF inician movilizaciones para denunciar el bloqueo salarial del Gobierno y no descartan una huelga general

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF anunciaron este lunes, 27 de octubre, en rueda de prensa, el inicio de movilizaciones con el objetivo de denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, lo que impide alcanzar un nuevo acuerdo salarial que beneficie a los empleados y empleadas de todas las administraciones públicas, entre otras reivindicaciones pendientes. La primera de estas acciones será una concentración el próximo 30 de octubre, a las 12:00 horas, en la entrada de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Esta movilización marca el inicio de una campaña de protestas que se prolongará hasta final de año y que no descarta la convocatoria de huelga.

La presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda del Pino, señaló que el Ministerio de Función Pública mantiene una actitud “poco democrática” al bloquear la negociación, despreciando la labor de más de tres millones de servidores públicos que realizan un trabajo diario, anónimo pero esencial. Pineda recordó que estos empleados gestionan prestaciones sociales, el paro, el ingreso mínimo vital, la sanidad y la educación, sosteniendo los servicios públicos del país, y lamentó que el Gobierno los relegue a un segundo plano, recordando su importancia solo ante catástrofes como la pandemia o la DANA.

La representante sindical criticó que el Gobierno, que exige mejoras salariales a la patronal en el sector privado, olvide sus propias responsabilidades como patronal en el ámbito público. Según sus declaraciones, en Granada el Ejecutivo central adeuda más de 41 millones de euros a sus empleados públicos en los últimos diez meses de 2025; en Andalucía, la cifra asciende a 310 millones, y a nivel nacional supera los 1.860 millones de euros. Denunció además que el Gobierno se niega a subir los salarios como al resto de la ciudadanía, condenando al personal público a seguir perdiendo poder adquisitivo —más del 3 % en lo que va de año y más del 20 % desde los recortes de 2010—.

Pineda insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo plurianual que permita recuperar el poder adquisitivo y desbloquear la subida salarial correspondiente a este año. Reclamó que la actualización de los sueldos se vincule a la inflación y a un porcentaje adicional pactado con las organizaciones sindicales. Asimismo, subrayó que “el Gobierno puede subir los salarios aunque no haya presupuestos” y denunció que los empleados públicos están siendo “utilizados como rehenes” en la negociación parlamentaria.

Por su parte, Mª Ángeles Carranza, secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada, advirtió que, si persiste el bloqueo de la negociación y la situación de abandono de los servicios públicos, el sindicato no descarta una huelga general de empleados y empleadas públicos a nivel nacional en diciembre.

Carranza explicó que las organizaciones sindicales reclaman mejores salarios y más empleo para los 500.000 funcionarios y funcionarias públicas de Andalucía y los 66.000 empleados y empleadas de Granada, calificando de “incomprensible” que, en un contexto de crecimiento económico, la mayor patronal del país mantenga los sueldos congelados, lo que provoca una continua pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, defendió la necesidad de blindar los servicios públicos, eliminar la tasa de reposición y abordar el problema del envejecimiento y la escasez de las plantillas, ya que la alta temporalidad impide garantizar la calidad de los servicios esenciales.

La representante de CCOO subrayó que la falta de personal en el sector público afecta directamente a servicios como los bomberos, agentes forestales que han intervenido en incendios y en la DANA, docentes que educan a los más jóvenes, o el personal sanitario tan reconocido durante la pandemia. Por todo ello, Carranza concluyó haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración del 30 de octubre, con el fin de exigir servicios públicos esenciales de calidad, con personal suficiente y salarios dignos.

Por último, Juana López, Secretaria General de UGT Servicios Públicos de Granada, señala que la movilización pretende hacer ver al Ejecutivo que se tiene que sentar en una mesa con los representantes legales de los trabajadores a negociar una mejora retributiva, tras más de nueve meses en los que los sueldos públicos siguen congelados. Si no se escucha a los empleados públicos, afirma la representante de UGT, las protestas irán a más, sin descartar la convocatoria de una huelga nacional en diciembre si las negociaciones siguen, para entonces, enquistadas.

A su juicio, el Gobierno está utilizando como excusa la falta de Presupuestos para congelar el sueldo a las empleadas y los empleados públicos, y bloquear un nuevo acuerdo salarial. Los sindicatos, añade, ya advirtieron el pasado mes de septiembre que si no se retomaba la negociación de forma inmediata se tomarían las medidas que se considerasen oportunas. Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de lo público y los servicios que recibe la ciudadanía, se agravan a diario, denuncia López., por la inacción del Ministerio para resolver asuntos muy preocupantes, tanto a nivel salarial como en materia de empleo y condiciones laborales.

Por ello, la representante sindical exige que se inicie la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos, mejorar sus condiciones laborales y establecer un plan de empleo que mejore los servicios públicos,  ya que , o se reacciona ya con un acuerdo, o la Administración va a ir desangrándose poco a poco, y en pocos años se va a quedar sin empleados públicos, con el peligro  de privatizaciones que eso conlleva, ha concluido.