Nueve personas, entre ellas cinco médicos y cuatro teleoperadoras de distintos servicios sanitarios, han declarado como investigadas ante un juzgado de Granada en el marco de la investigación abierta por la muerte de una estudiante de 22 años, ocurrida en octubre de 2025 en un piso de estudiantes.
Las comparecencias se produjeron el pasado lunes ante el juzgado de la Sección de Instrucción número 9 del Tribunal de Instancia de Granada, que trata de esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la joven, alumna de la Universidad de Granada, después de que hubiera sido atendida en dos ocasiones por profesionales sanitarios y se realizaran varias llamadas a los servicios de urgencias.
Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, cinco de las personas que han declarado como investigadas son profesionales que tuvieron contacto directo con la joven durante el proceso asistencial. Las otras cuatro son teleoperadoras encargadas de atender las llamadas de emergencia y derivarlas a los servicios correspondientes.
Las declaraciones fueron solicitadas por la acusación particular que representa a los padres de la fallecida, que asumieron el protagonismo en los interrogatorios. Una de las personas inicialmente citadas finalmente no prestó declaración al no haber sido requerida por la acusación.
El procedimiento incorpora también el testimonio de la forense responsable de practicar la autopsia. La especialista compareció como testigo y confirmó el contenido de su informe, en el que establece que la muerte se produjo por causas naturales. Según sus conclusiones, la joven sufrió una afectación generalizada provocada por una infección viral similar a la gripe, que terminó dañando varios órganos vitales.
Por el momento, la investigación judicial no concreta delitos atribuidos a los profesionales y teleoperadoras que han comparecido como investigados. Esta condición procesal garantiza su derecho a la defensa mientras el juzgado continúa recabando información para determinar qué ocurrió en las horas y días previos al fallecimiento.
El caso pone el foco en la atención sanitaria recibida por la joven y en la respuesta ofrecida ante las distintas consultas y llamadas de emergencia realizadas antes de su muerte. Será la investigación judicial la que determine si de las actuaciones practicadas se desprende algún tipo de responsabilidad o si, por el contrario, las circunstancias del fallecimiento se corresponden con la causa natural señalada en el informe forense.