La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía exige al Gobierno andaluz y al central que cumplan lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y sitúen la financiación universitaria andaluza, como mínimo, en el 1 % del PIB. El sindicato reclama unos recursos suficientes, estables y ajustados a las necesidades reales del Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA) para frenar el impacto en el empleo y en la oferta de plazas. “La falta de recursos ya está afectando al empleo, a las condiciones laborales, a la oferta de plazas y a la calidad de la docencia, la investigación y los servicios universitarios”.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía se ha concentrado en la Universidad de Granada, coincidiendo con la apertura oficial del curso académico andaluz 2026-2027, para reclamar una financiación pública justa que permita mejorar la situación de las universidades públicas. Durante el acto, el sindicato ha advertido que la falta de recursos “ya está afectando al empleo, a las condiciones laborales, a la oferta de plazas y a la calidad de la docencia, la investigación y los servicios universitarios”.

Según los datos de CCOO, todas las universidades públicas andaluzas cerraron 2025 en números rojos y acumularon un déficit conjunto de 44 millones de euros. El sindicato ha dejado claro que no se trata de una dificultad puntual, sino de un problema estructural causado por el incumplimiento reiterado del propio modelo de financiación del Gobierno andaluz. “La financiación autonómica actual no cubre el crecimiento vegetativo de las plantillas, el coste de las sentencias y acuerdos en la Mesa de Negociación, las subidas salariales, el incremento de gastos energéticos ni el mantenimiento de infraestructuras”, ha explicado la federación de Enseñanza.

Esta “asfixia económica” obliga a las universidades a aprobar planes de ajuste que, en la práctica, se traducen en recortes. Entre sus consecuencias, CCOO ha señalado la reducción de la contratación de profesorado sustituto, la limitación de plazas de ofertas públicas de empleo, el retraso de promociones internas y la disminución de sustituciones entre el personal técnico, de gestión y de administración y servicios. A esto se suma que el aumento de la carga docente reduce el tiempo para investigar. “La imposibilidad de ampliar plazas en las titulaciones con mayor demanda o de mejorar instalaciones termina expulsando hacia el sector privado a quienes pueden permitírselo, lo que debilita la igualdad de oportunidades”.

El sindicato considera “injustificable” esta política en un contexto de superávit de las cuentas autonómicas. “El Gobierno andaluz cerró 2024 con un superávit de 1.581 millones de euros y 2025 con 315 millones, mientras las universidades públicas se veían obligadas a recortar”.

CCOO también ha criticado que el Ejecutivo de la Junta impulse la expansión de universidades privadas, con seis operativas y otras cuatro esperando autorización.

“Financiar la universidad pública no es un gasto, sino una inversión: genera el 2,96 % del PIB andaluz, habiendo aportado 6.923 millones de euros a la economía en 2025 frente a los 1.783 millones recibidos del Gobierno andaluz”, ha recordado el sindicato, que ha vuelto a exigir el 1 % del PIB, un umbral que habría supuesto 350 millones de euros adicionales en 2024, 559 millones en 2025 y 610 millones en 2026.