Granada: Andalucía denuncia su infrafinanciación y exige al Gobierno un nuevo modelo justo de financiación autonómica
Foto Ramón Martín (Motril Digital)
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha aprovechado su comparecencia pública en el marco del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada para fijar la posición del Gobierno andaluz sobre la financiación autonómica, un asunto que ha calificado como clave para el presente y el futuro de la comunidad.
En respuesta a las preguntas de los medios, la consejera ha recordado que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ya fue claro al exigir a la ministra de Hacienda que rectifique su planteamiento y se siente a consensuar un nuevo modelo con todas las comunidades autónomas. Según ha señalado, la responsable ministerial “se ha quedado sola” en su propuesta, al no contar con el respaldo del conjunto de los territorios, con la excepción de Cataluña.
La consejera ha subrayado que cualquier negociación sobre financiación debe realizarse con los legítimos representantes institucionales de las comunidades autónomas y no con interlocutores que, a su juicio, no ostentan responsabilidades de gobierno. En este sentido, ha defendido que el actual planteamiento no garantiza la igualdad entre los españoles y supone un incumplimiento del principio constitucional de equidad territorial.
En cuanto a los datos económicos, ha denunciado que Andalucía continúa estando infrafinanciada, incluso con el nuevo modelo planteado. Ha precisado que la comunidad se sitúa 143 euros por habitante por debajo de la media y que, en términos comparativos, recibiría hasta 389 euros menos por habitante que otras comunidades, lo que, según ha recalcado, evidencia que la propuesta no da respuesta a las necesidades reales de Andalucía.
Por todo ello, la consejera ha insistido en que el Gobierno central debe retirar el actual modelo y abrir un proceso de diálogo real y multilateral que permita alcanzar un sistema de financiación justo, equilibrado y consensuado, capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y la adecuada prestación de los servicios públicos en todas las comunidades autónomas.