Granada alerta de saturación en Servicios Sociales y reclama apoyo estatal en la regularización de migrantes
La puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes ha comenzado a tensionar los recursos municipales en Granada apenas unos días después de su inicio. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha expresado abiertamente su inquietud ante lo que considera una falta de respaldo por parte del Gobierno central, señalando que los ayuntamientos están asumiendo en solitario una carga que no les corresponde directamente.
Desde el pasado jueves, los centros de Servicios Sociales han registrado un notable incremento de personas que acuden en busca de información y orientación. La presión es especialmente visible en barrios como Almanjáyar y Zaidín, donde se concentran algunas de las oficinas con mayor volumen de atención. En total, son ocho los centros municipales implicados en este proceso, que ya comienzan a mostrar signos de saturación.
Por ahora, la atención se centra en quienes han solicitado el certificado de vulnerabilidad, un documento clave en algunos de los itinerarios de regularización. Sin embargo, este informe aún no se está emitiendo, lo que ha generado una acumulación de solicitudes y una creciente incertidumbre sobre la capacidad real del sistema para responder en plazo, fijado para el 30 de junio.
Carazo ha criticado que, mientras otras entidades implicadas en el procedimiento cuentan con apoyo estatal, los consistorios deben hacer frente a la gestión administrativa sin refuerzos adicionales. A su juicio, esta situación evidencia una desconexión entre las decisiones adoptadas a nivel estatal y los recursos disponibles en el ámbito local.
Ante este escenario, la alcaldesa ha iniciado contactos con responsables municipales de otras ciudades que atraviesan dificultades similares, con el objetivo de reclamar conjuntamente más medios humanos y materiales. Entre las medidas planteadas, destaca la necesidad de financiación para contratar personal y agilizar la tramitación de los expedientes.
El impacto en los servicios de Bienestar Social es ya palpable, con profesionales que afrontan una carga de trabajo creciente sin apoyo externo. Desde el Ayuntamiento insisten en la urgencia de actuar para evitar un colapso del sistema y garantizar una atención adecuada a las personas migrantes, al tiempo que reclaman un compromiso más firme por parte del Gobierno para acompañar este proceso con recursos suficientes.