Granada activa la mayor movilización de ayudas por borrascas: 7.000 millones a nivel estatal y anticipos desde marzo
Reportaje Ramón Martín (Motril Digital)
El subdelegado José Antonio Montilla detalla a los ayuntamientos el alcance del Decreto Ley 5/26, anuncia refuerzo técnico para la tramitación y plantea la revisión de municipios excluidos de ayudas directas al campo.
La provincia de Granada afronta la fase decisiva para canalizar las ayudas estatales aprobadas tras las recientes borrascas. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha expuesto ante alcaldes y alcaldesas el contenido del Decreto Ley 5/26, que moviliza 7.000 millones de euros en el conjunto del país, de los que 2.000 millones se destinan a corporaciones locales.
Montilla subrayó que se trata de una dotación “como nunca se había visto” en la provincia y recalcó que los créditos presupuestarios ya están consignados en el propio decreto. “No es que vaya a venir el dinero, es que ya aparece en los artículos cuál es el crédito presupuestario que hay que utilizar”, explicó, incidiendo en que el reto inmediato es tramitar correctamente las solicitudes para que los fondos lleguen cuanto antes a municipios y afectados.
Anticipos con declaración responsable
Entre las principales novedades destacó la posibilidad de solicitar anticipos mediante declaración responsable, una fórmula que permite agilizar los pagos sin esperar a la resolución definitiva de todos los expedientes. El objetivo marcado es que en marzo comiencen a recibirse ayudas, tanto por parte de los ayuntamientos como de personas físicas y jurídicas que ya están afrontando gastos derivados de los daños.
El subdelegado insistió en que la clave estará en la correcta valoración y documentación de los perjuicios sufridos. Recordó experiencias anteriores en las que parte de los fondos no se pudieron percibir por deficiencias en la tramitación y apeló a la coordinación institucional para evitar que “ningún daño real se quede sin cubrir”.
Tres bloques para infraestructuras municipales
En el ámbito local, el decreto contempla tres grandes categorías financiables. En primer lugar, los gastos de emergencia ejecutados para garantizar la continuidad de servicios esenciales. En segundo lugar, la reparación y reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas. Y, como novedad relevante, actuaciones de obra nueva destinadas a prevenir futuras inundaciones.
Esta incorporación de la prevención supone un cambio respecto a convocatorias anteriores, centradas casi exclusivamente en la reconstrucción. Montilla animó a los municipios a incluir también proyectos que permitan reducir riesgos estructurales, especialmente en zonas con problemas recurrentes de avenidas y desbordamientos.
El decreto presta especial atención a caminos de titularidad municipal, cauces públicos urbanos —cuya competencia recae en los ayuntamientos cuando atraviesan suelo urbano— y actuaciones en dominio público hidráulico. Asimismo, contempla partidas específicas para instalaciones de comunidades de regantes y para el dominio público marítimo-terrestre.
La financiación estatal puede alcanzar hasta el 100% del coste en determinados supuestos, aunque en todo caso superará el 50%, especialmente cuando el volumen de daños supere el 20% del capítulo 2 del presupuesto municipal.
Ayudas a personas, comercios y profesionales
El paquete incluye ayudas por daños personales —150 euros por persona herida—, desalojos, daños en viviendas y enseres domésticos, cuyo límite máximo se multiplica respecto al régimen ordinario. También se contemplan líneas para establecimientos comerciales, industriales, hosteleros, autónomos y profesionales afectados por las inundaciones.
En paralelo, el decreto flexibiliza la regla de gasto y permite utilizar el superávit municipal de 2025 para cubrir daños, atendiendo a una reivindicación habitual de los ayuntamientos en situaciones de emergencia.
Revisión de municipios excluidos en ayudas agrarias
Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la delimitación de las ayudas directas al sector agrario. Estas se han establecido en función de la valoración realizada por Agroseguro, que ha identificado determinados municipios como los más afectados.
No obstante, Montilla reconoció que existen términos municipales de la provincia que han quedado fuera de esa ayuda directa pese a registrar daños efectivos. En este sentido, indicó que se ha trasladado al ministerio la necesidad de revisar esa delimitación al considerar que podrían haberse producido desajustes en la evaluación inicial. Esta revisión se circunscribe exclusivamente a las ayudas directas al agricultor, ya que otras líneas —como las del ICO o las destinadas a caminos rurales— se aplican al conjunto de la provincia.
Refuerzo técnico y apoyo a municipios pequeños
Consciente de las dificultades administrativas que afrontan los ayuntamientos más pequeños, la Subdelegación ha puesto en marcha un plan de refuerzo con la incorporación de tres nuevos efectivos a la unidad encargada de la gestión, así como la habilitación de oficinas desplazadas en distintos puntos de la provincia para facilitar la presentación y seguimiento de solicitudes.
Además, se ha remitido a los municipios documentación normalizada, fichas de relación de daños y contactos directos para resolver dudas, al tiempo que se prevé coordinación con la Diputación para reforzar la asistencia técnica.
El subdelegado cerró su intervención destacando que la magnitud de los fondos obliga a un esfuerzo conjunto. La prioridad, insistió, es que la provincia aproveche al máximo el marco abierto por el decreto, tanto para reparar lo dañado como para reforzar infraestructuras vulnerables y reducir riesgos futuros, garantizando que la respuesta institucional esté a la altura del impacto sufrido.