Según relatan, el conflicto comenzó cuando tuvieron conocimiento de que las educadoras llevaban meses sin cobrar sus nóminas, lo que posteriormente fue confirmado por la empresa concesionaria, que incluso solicitó la rescisión del contrato alegando problemas económicos. Desde entonces, el Ayuntamiento inició un procedimiento de intervención de la gestión del centro, aunque las familias aseguran que no han recibido información clara sobre su evolución.

La plataforma denuncia además una falta de control efectivo en el funcionamiento diario de la escuela, señalando la desaparición de rutinas educativas, la falta de información sobre el comedor, la mezcla de aulas por falta de personal y diversos incidentes que afectan al bienestar de los menores. Incluso aseguran que una familia ha presentado denuncia ante la Policía por un posible episodio de maltrato.

También critican la ausencia de pronunciamiento de la Junta de Andalucía, a la que recuerdan su papel en la supervisión del proyecto educativo del centro.

Por todo ello, las familias exigen una reunión urgente con la alcaldesa de Motril, información detallada sobre el expediente en curso, medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los menores, la continuidad del servicio y la intervención activa de la Junta de Andalucía en el conflicto.

En su comunicado, subrayan que la situación afecta a niños de entre cero y tres años y advierten de que no pueden seguir “pagando las consecuencias” de una crisis que, aseguran, no han provocado.