La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado en vigor con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida y a precio asequible, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente a la ocupación ilegal. La norma, impulsada por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, apuesta por acelerar la construcción de VPO, fomentar la rehabilitación y optimizar la gestión del parque residencial.
Entre las principales medidas destaca la creación de áreas prioritarias de vivienda, donde se concentrarán ayudas al alquiler y a la compra, así como incentivos a la promoción y rehabilitación de viviendas. La ley refuerza además la colaboración público-privada y crea una comisión específica para desarrollar nuevas fórmulas que amplíen el parque de vivienda asequible.
La norma también pone el foco en la rehabilitación de barriadas, la mejora de la eficiencia energética y la eliminación de la infravivienda, con la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda. En paralelo, se establecen mecanismos de coordinación para combatir la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como para proteger a los colectivos más vulnerables.
La ley integra medidas ya incluidas en el decreto-ley de vivienda, al que se han adherido más de 80 municipios andaluces, y mantiene la bolsa de suelo para vivienda protegida, con capacidad para más de 40.000 VPO en grandes municipios. Con su aprobación, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en contar con una ley de vivienda renovada tras la normativa estatal.
Según la Junta, la nueva ley culmina una estrategia iniciada en 2019 que ha permitido multiplicar la promoción de vivienda protegida y aumentar de forma notable la inversión pública en vivienda, que alcanza los 740 millones de euros en 2026.