El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a siete años de prisión impuesta a un excomandante de la Guardia Civil de Granada, quien colaboró con una red de narcotraficantes facilitando la introducción de hachís desde Marruecos a las costas españolas. El condenado, que había ocupado un puesto clave en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, fue hallado culpable de delitos contra la salud pública y cohecho.

La sentencia, dictada inicialmente en enero de 2022 por la Audiencia Provincial de Granada, también incluye una multa de más de seis millones de euros. Este exmando de la Guardia Civil, que ejercía funciones de dirección y coordinación en unidades clave como el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), fue acusado de haber facilitado la entrada de hachís entre los años 2005 y 2006.

Durante el juicio, quedó probado que el excomandante colaboró directamente con personas involucradas en el desembarco de la droga en las playas de la costa granadina, organizando lo que se describió como «entregas controladas». A cambio de su cooperación, el condenado recibió importantes sumas de dinero. La sentencia detalla cómo el exjefe de la Guardia Civil pactó con sus cómplices las condiciones para el desembarco de la droga, lo que permitió que al menos dos alijos llegaran a las costas en cantidades que fueron calificadas como de «extrema gravedad».

Con la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, queda claro que los altos mandos policiales no están exentos de las consecuencias penales por actos de corrupción y colaboración con el crimen organizado. Este caso ha tenido un gran impacto, ya que involucra a un miembro de las fuerzas de seguridad con responsabilidades en la lucha contra el narcotráfico, lo que ha generado preocupación por la vulnerabilidad de algunos sectores frente a las tentaciones del crimen organizado.

Este fallo también refuerza la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de la seguridad pública, subrayando que la justicia actúa con firmeza incluso en los casos que afectan a sus propios miembros.