El Ayuntamiento de Granada aprueba en Pleno la limitación de las viviendas turísticas
El Ayuntamiento de Granada aprueba en Pleno la limitación de las viviendas turísticas y se adhiere al Decreto-Ley andaluz para ampliar el acceso a la vivienda protegida
El Pleno municipal aprueba la fijación de un tope del 10% por zona para las VUTs y se adhiere al Decreto-Ley 1/2025 para aplicar medidas urgentes en materia de vivienda. Con estas decisiones, Granada avanza en un modelo urbano equilibrado que combina sostenibilidad turística, derecho a la vivienda y planificación urbanística eficaz
El Ayuntamiento de Granada ha aprobado hoy en sesión plenaria dos iniciativas trascendentales para el presente y futuro del modelo urbano de la ciudad. Por una parte, se ha dado la aprobación definitiva a la propuesta de limitación del número máximo de viviendas de uso turístico (VUTs) en la ciudad, fijando un límite del 10% por zona. Por otra parte, el consistorio ha acordado formalmente la adhesión al Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, que establece medidas extraordinarias para aumentar la oferta de vivienda protegida.
Ambas medidas responden a un objetivo común: garantizar un modelo de ciudad más equilibrado y habitable, en el que el acceso a la vivienda, la cohesión social y la sostenibilidad convivan con el desarrollo turístico y la actividad económica.
Un nuevo marco para las viviendas turísticas: límite del 10% por sector y suspensión en zonas saturadas
La proliferación de viviendas de uso turístico en Granada ha provocado en los últimos años un impacto urbano, social y económico significativo, especialmente en los barrios del Albaicín, Centro y Realejo. Según el informe técnico “Impacto de la Vivienda Turística en la ciudad de Granada”, elaborado por el Ayuntamiento, las VUTs representan ya más del 50% de las plazas de alojamiento turístico disponibles en la ciudad, y su distribución no es homogénea: el 95% se concentran en sólo cuatro distritos, y más del 70% en los barrios de Albaicín y Centro.
La nueva regulación aprobada fija un límite máximo del 10% por zona estadística, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía, que faculta a los municipios a establecer restricciones justificadas por razones de interés general. El estudio municipal identifica varias áreas en las que ese límite ya ha sido ampliamente superado, lo que implica la suspensión de nuevas licencias en dichos sectores.
Concretamente, en el distrito Ronda, el área de Figares presenta una proporción de viviendas turísticas del 24% sobre el total residencial; en el distrito Albaicín, el núcleo del Albaicín también alcanza un 24%; en el distrito Centro, el entorno de Centro-Sagrario alcanza el 23%, y el de Realejo-San Matías se sitúa en el 13%. Todas estas cifras duplican o incluso triplican el límite máximo fijado, por lo que quedarán sujetas a restricciones inmediatas.
El informe municipal alerta de que estas concentraciones han generado fenómenos de gentrificación, presión sobre el mercado del alquiler, incremento de precios y pérdida de población residente. El barrio del Albaicín, por ejemplo, es uno de los más afectados, registrando una de las mayores caídas de población en la ciudad, coincidiendo con el auge del uso turístico de viviendas residenciales.
La aprobación definitiva de la limitación al 10% del número de viviendas de uso turístico (VUTs) en la ciudad es el resultado del procedimiento iniciado tras el acuerdo plenario del pasado 31 de enero de 2025. En dicha sesión se aprobó inicialmente la propuesta de limitación, que fue sometida a exposición pública durante un plazo de veinte días. Durante ese periodo, y tras su publicación oficial, se presentaron un total de 12 alegaciones, que han sido debidamente analizadas antes de elevar la propuesta al Pleno para su aprobación definitiva.
La rentabilidad del alquiler turístico respecto al alquiler residencial convencional, así como la presión sobre los servicios, la convivencia y el tejido social, han motivado esta actuación, que se enmarca en una política de protección del entorno urbano, del derecho al descanso, de la convivencia vecinal y de garantía del acceso a la vivienda.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Enrique Catalina, ha afirmado que “esta medida responde a la necesidad urgente de preservar nuestros barrios como espacios habitables y sostenibles, donde el turismo sea compatible con la vida cotidiana de los vecinos”. El acuerdo contempla también la posibilidad de revisión futura del límite establecido, en función de la evolución del fenómeno y de los efectos de la nueva regulación.
Granada se adhiere al Decreto-Ley 1/2025 para impulsar la vivienda protegida
La segunda gran medida aprobada por el Pleno ha sido la adhesión formal del Ayuntamiento de Granada al Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es facilitar la construcción de vivienda protegida mediante mecanismos extraordinarios que no requieren modificaciones previas del planeamiento urbanístico.
El edil de Urbanismo, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con el acceso a la vivienda: “Tal y como ya expresó nuestra alcaldesa, desde el Ayuntamiento de Granada seguimos trabajando para facilitar el acceso a una vivienda digna, y lo estamos haciendo con hechos: hemos aprobado 2.500 nuevas licencias de vivienda, de las cuales 1.912 ya están concedidas y 1.314 corresponden a vivienda protegida”. En relación con el Decreto-Ley 1/2025, Saavedra ha destacado que “se trata de una herramienta real y eficaz que refuerza el papel de los ayuntamientos y nos permite actuar con agilidad para promover vivienda protegida, sin los obstáculos administrativos que normalmente retrasan estas actuaciones”.
Esta iniciativa aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Granada responde a la grave dificultad de acceso a la vivienda que enfrentan especialmente los jóvenes, las familias con rentas bajas y los colectivos vulnerables, agravada por el contexto inflacionario y la escasa oferta de vivienda a precios asequibles.
– El Decreto-Ley habilita a los ayuntamientos a modificar el uso de determinadas parcelas (como terciario-oficinas o dotacional privado) para permitir su transformación en suelos de uso residencial, siempre y cuando se destinen íntegramente a vivienda protegida en régimen de alquiler. Entre sus principales medidas, se incluyen:
– Cambio de uso sin modificar el PGOU en parcelas actualmente destinadas a oficinas, uso turístico o dotacional sin especificar.
– Incremento del 20% de la densidad de viviendas y del 10% de edificabilidad en parcelas ya calificadas como VPO.
– Compatibilización de uso residencial en equipamientos comunitarios, permitiendo la construcción de alojamientos dotacionales para personas con dificultad de acceso a la vivienda.
Para su implementación, el Decreto-Ley establece una hoja de ruta clara: las corporaciones locales disponen de un plazo de un año desde su entrada en vigor (3 de marzo de 2025) para aprobar formalmente su adhesión mediante acuerdo plenario. Posteriormente, las licencias de construcción deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años, y las obras deberán ejecutarse en un periodo no superior a tres años.
En el caso de Granada, un informe técnico del área de Urbanismo confirma la plena compatibilidad entre el Decreto y el PGOU vigente de 2001, lo que permite una aplicación inmediata y eficaz de las nuevas herramientas.
Además, el Ayuntamiento ya trabaja conjuntamente con la Junta de Andalucía en la creación de una “bolsa de suelo autonómica” destinada a la construcción de viviendas a precios asequibles. En este contexto, está previsto que el Consistorio granadino aporte en el mes de junio los datos relativos a la disponibilidad de suelo en el término municipal, con el objetivo de identificar parcelas que puedan destinarse a promociones de vivienda protegida en colaboración con promotores públicos o privados.
Compromiso con una Granada habitable y accesible
Ambas decisiones aprobadas hoy refuerzan la estrategia global del Ayuntamiento de Granada en materia de vivienda, urbanismo y calidad de vida. La regulación de las viviendas turísticas permitirá frenar la expulsión de residentes y preservar la identidad de los barrios más tradicionales. Por su parte, la adhesión al Decreto-Ley 1/2025 dota a la ciudad de instrumentos jurídicos y urbanísticos para acelerar la construcción de vivienda asequible.
Estas actuaciones se suman a otras iniciativas ya en marcha, como la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) o la concesión de 2.500 nuevas licencias de construcción, de las cuales 1.314 son de vivienda protegida (VPO).
Como ha señalado Enrique Catalina, “Granada avanza en una hoja de ruta clara: garantizar el derecho a una vivienda digna, frenar la especulación y planificar la ciudad del futuro con responsabilidad y equidad”.