Ángeles López: «Si otros municipios cercanos han sido capaces de introducir medidas correctoras, exenciones y bonificaciones para proteger a sus vecinos, no entendemos por qué Motril ha optado por el camino más gravoso para los ciudadanos»

José Luis Chica López: «La Ley 7/2022 obliga a adaptar la tasa, pero no obliga a castigar a las familias ni a cobrar en función de los metros cuadrados de la vivienda»

Desde Centrados en Motril han expresado su firme rechazo a la nueva regulación de la tasa de basura impulsada por el Ayuntamiento, al considerar que el modelo elegido resulta «injusto, poco equitativo y especialmente perjudicial» para numerosas familias, pensionistas, personas mayores y pequeños propietarios, que verán incrementada su carga fiscal sin que exista una relación directa con la cantidad real de residuos que generan.

El secretario de la formación, José Luis Chica López, ha señalado que «nadie cuestiona la obligación legal de adaptar la tasa de residuos a la Ley 7/2022. Lo que ponemos en duda es la forma en la que el Gobierno municipal ha decidido aplicarla. La norma exige cubrir el coste real del servicio, pero en ningún caso impone que el recibo se calcule en función de los metros cuadrados de una vivienda».

Desde Centrados en Motril recuerdan que la legislación estatal deja margen suficiente a los ayuntamientos para diseñar sistemas adaptados a la realidad social y económica de cada municipio. Sin embargo, consideran que el Consistorio motrileño ha optado por un criterio que deja de lado factores tan relevantes como el número de personas que habitan una vivienda o la generación efectiva de residuos, otorgando un peso determinante a la superficie del inmueble.

La presidenta de Centrados en Motril, Ángeles López, considera que «resulta profundamente injusto que una persona mayor que vive sola en una vivienda construida hace décadas pueda terminar pagando más que una familia numerosa que reside en un inmueble de menor tamaño. La justicia fiscal exige atender a la realidad de cada hogar y no únicamente a los metros cuadrados de una propiedad».

La formación también ha mostrado su preocupación por la situación de numerosos pequeños propietarios y emprendedores que disponen de locales comerciales cerrados o sin actividad. Según denuncian, el modelo planteado por el Ayuntamiento obligará a muchos de estos inmuebles a seguir soportando la tasa pese a no generar residuos o hacerlo de forma prácticamente inexistente.

«No tiene ningún sentido que un local cerrado y sin actividad tenga que pagar una tasa calculada exclusivamente por metros cuadrados. Eso no responde al principio de «quien contamina paga», sino al de «quien tiene un inmueble paga». No es una cuestión de justicia fiscal, sino una decisión claramente recaudatoria», ha afirmado José Luis Chica López.

Desde Centrados en Motril subrayan que existen ejemplos cercanos que demuestran que otra forma de aplicar la ley es posible. Municipios como Granada o Almuñécar han desarrollado modelos que incorporan bonificaciones sociales, mecanismos de compensación y supuestos de no sujeción para determinados inmuebles o actividades, tratando de adaptar la normativa a las circunstancias de sus vecinos y evitando que la carga recaiga exclusivamente sobre las familias.

En el caso de Granada, destacan que la ordenanza contempla situaciones de no sujeción para determinados inmuebles y prevé mecanismos que permiten excluir del pago ciertos residuos gestionados por operadores autorizados, además de incorporar bonificaciones para colectivos vulnerables. Almuñécar, por su parte, también establece excepciones para determinados locales sin actividad y para quienes acrediten la correcta gestión privada de sus residuos mediante gestores autorizados.

«Si otros municipios cercanos han sido capaces de introducir medidas correctoras, exenciones y bonificaciones para proteger a sus vecinos, no entendemos por qué Motril ha elegido la opción más gravosa para los ciudadanos. El Ayuntamiento debería estar buscando fórmulas para aliviar la carga fiscal y no para incrementarla», ha manifestado Ángeles López.

La formación recuerda asimismo que, a nivel nacional, numerosos ayuntamientos han acompañado la implantación de la Ley 7/2022 con medidas compensatorias. Ciudades como Las Rozas, Móstoles o Alcalá de Henares han aprobado reducciones en otros impuestos municipales, mientras que otras administraciones han vinculado parte del cálculo de la tasa al consumo de agua o al reciclaje efectivo, aproximándose así al principio europeo de «quien contamina paga». En muchos casos, además, se han establecido bonificaciones dirigidas a familias vulnerables, pensionistas y colectivos con menores ingresos.

Por todo ello, Centrados en Motril defiende la necesidad de implantar un sistema más justo y social, que tenga en cuenta el número de habitantes de cada vivienda, la generación efectiva de residuos y las circunstancias económicas de las familias. A juicio de la formación, el modelo aprobado castiga de forma desproporcionada a numerosos vecinos por el simple hecho de residir en viviendas de mayor superficie, con independencia del uso real que hagan del servicio.

Finalmente, Centrados en Motril exige al Gobierno municipal que rectifique, abra un proceso de diálogo con los ciudadanos y estudie la implantación de medidas compensatorias similares a las aplicadas en otros municipios españoles. Asimismo, reclama la incorporación de bonificaciones sociales, exenciones para locales sin actividad y un modelo que vincule el pago a la generación real de residuos y al número de personas que utilizan el servicio.