Convergencia Andaluza de Almuñécar ha afirmado que «una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga al Ayuntamiento de Almuñécar a abonar a Rafael Revelles Abogados SLP la cantidad de 3,3 millones de euros, más los intereses generados desde 2020, en concepto de honorarios correspondientes a alrededor de 300 procedimientos judiciales».

Según señala Convergencia Andaluza, estos procedimientos fueron asumidos durante una década por Rafael Revelles y su despacho en el marco de su labor como asesor jurídico del Ayuntamiento.

La formación andalucista considera que resulta especialmente preocupante que no solo se procediera al cese del asesor jurídico municipal, sino que, además, se dejaran pendientes de pago los honorarios profesionales correspondientes a los procedimientos realizados. Para Convergencia Andaluza, esta decisión resulta aún más difícil de entender si se tiene en cuenta que, según sus estimaciones, el trabajo desarrollado por el despacho habría permitido al Ayuntamiento ahorrar más de 90 millones de euros en procedimientos judiciales.

Desde Convergencia Andaluza se considera igualmente llamativo que el alcalde, Juan José Ruiz Joya, no haya ofrecido públicamente explicaciones sobre el contenido de esta sentencia ni sobre las consecuencias económicas que tendrá para las arcas municipales, especialmente teniendo en cuenta que, en otras ocasiones, sí ha realizado declaraciones públicas sobre asuntos judiciales y municipales.

La formación andalucista reclama que se explique a la ciudadanía por qué se decidió prescindir de un asesor jurídico cuya trayectoria profesional, según sostiene la formación, quedó acreditada por el elevado número de procedimientos judiciales favorables al Ayuntamiento, así como las razones por las que no se abonaron en su momento los honorarios profesionales pendientes, provocando, a su juicio, un incremento considerable de la deuda como consecuencia de la acumulación de intereses.

Convergencia Andaluza considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer las circunstancias que llevaron a esta situación y el impacto económico que la sentencia tendrá finalmente sobre las cuentas municipales.