Andalucía ofrecerá atención integral a las personas con necesidades sanitarias que requieran también apoyo social

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado a los integrantes de la Comisión de Salud sobre la I Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2024-2027, que ofrecerá una atención integral a las personas con necesidades sanitarias que también requieran de cuidado social.

El principal objetivo de la Estrategia es la adecuación de la cartera y catálogo de servicios, tanto del sistema sanitario público de Andalucía como del sistema público de servicios sociales de la comunidad, a las necesidades de las personas que presentan simultáneamente necesidades de apoyo y cuidado.

“Trabajaremos desde un enfoque de atención centrado en las personas y en la comunidad, favoreciendo la permanencia de la ciudadanía en su entorno habitual de vida” ha señalado la consejera, que ha apuntado que, gracias a su puesta en marcha, las personas que hayan recibido el alta hospitalaria, pero requieran de cuidados que no puedan recibir en el entorno familiar o no dispongan de recursos para ello, dispondrán de apoyo.

“Las personas que precisan, adicionalmente, de un cuidado social, son un grupo especialmente vulnerable que exige de la Administración una atención diferenciada, y el establecimiento de medidas concretas que den respuesta a las características de su demanda sociosanitaria”, ha indicado Catalina García, que ha señalado que este tipo de situaciones no son exclusivas de Andalucía, sino que se reproducen en el resto del territorio nacional e, incluso, trasciende nuestras fronteras.

Por este motivo, la Consejería de Salud y Consumo, junto con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, trabajarán en medidas dirigidas a esta problemática, que estarán englobadas en esta Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2024-2027, con objeto de dar respuesta a estos problemas sociales.

“Todos debemos ser conscientes del cambio en el perfil sociodemográfico, epidemiológico y cultural que se está produciendo en nuestra sociedad en los últimos años, y que muestra como principal síntoma el aumento de la fragilidad emocional y de las situaciones de dependencia”, ha explicado la consejera de Salud, que ha señalado que esto genera “la demanda de una atención sanitaria y social frecuente y simultánea”.

García ha explicado que “el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas requieren de una respuesta integral”. Sin embargo, ha dicho, “la respuesta genérica que ofrecen los sistemas públicos sanitarios y sociales no siempre se adapta a las particularidades y las necesidades de estos colectivos”.

Por este motivo, ha señalado, “se hace necesaria una mayor adecuación, focalizada en potenciar la accesibilidad y facilitando la posibilidad de que los cuidados sanitarios y sociales puedan realizarse en el entorno habitual de vida de estas personas”. Para ello es “imprescindible” tener un referente documental común.

En la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, Catalina García ha indicado que, en aquellas situaciones donde la atención sanitaria por enfermedad confluye al mismo tiempo con los cuidados y apoyos ofrecidos por los servicios sociales, es necesaria una coordinación planificada entre la atención sanitaria y la de los servicios sociales: “Debemos garantizar en todo momento la continuidad de los cuidados, al tiempo que se optimizan los recursos públicos existentes”.

Así, se ha referido a que la relación entre ambos servicios públicos es histórica, y prueba de ello son la coordinación para el desarrollo del Plan Integral de Alzheimer y Otras Demencias, o la elaboración de un protocolo de buenas prácticas para prevenir, detectar y abordar situaciones de maltrato en personas mayores.

Además, ha recordado cómo la pandemia de COVID-19 requirió de dicha coordinación en el sector de residencias de mayores. “De hecho, esta Consejería continúa realizando un seguimiento proactivo sobre 886 centros residenciales de personas mayores, de personas adultas con discapacidad, y de personas con discapacidad gravemente afectadas”.

En este sentido, ha querido poner de manifiesto el acuerdo del Pacto Social y Económico por el Impulso en Andalucía, firmado en marzo del año pasado entre la Presidencia de la Junta de Andalucía y los agentes sociales, que incluye un apartado específico dedicado a las líneas de mejora en la atención a la salud, los servicios sociales y la dependencia y que concreta conformar una mesa de diálogo que desarrolle la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria con la participación de los agentes económicos y sociales firmantes del Pacto. “Pues poco más de un año después, la Estrategia ya es una realidad para Andalucía”, ha indicado.

De esta forma, la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento andaluz ha sido conocedora de la partida presupuestaria destinada para tal fin, para la que se dispondrán de 26,5 millones de euros, de los que 11,4 son autofinanciados por parte del Servicio Andaluz de Salud, 11,9 proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, 3,2 millones, de fondos FEDER.

“Como les decía, el objetivo de la Estrategia es muy claro: ofrecer una atención integral centrada en las personas que requieren de atención sanitaria y reciben a la vez cuidados y apoyo de los servicios sociales, con la que vamos a promover el desarrollo y consolidación de un modelo de atención sociosanitaria coordinado e integral en Andalucía entre las consejerías competentes en materia de salud y de servicios sociales”, ha apuntado.

Objetivos estratégicos y líneas de actuación

Catalina García ha explicado que, independientemente del enfoque de atención centrada en la persona, se va a promover la autonomía y la vida plena en todas las situaciones, contingencias y etapas del ciclo vital desde un enfoque preventivo y sostenible. El texto recoge una serie de objetivos estratégicos y líneas concretas de actuación. En concreto, son ocho objetivos estratégicos, seis líneas y 37 acciones, entre los que se encuentran la garantía del uso más racional de los recursos disponibles, evitando traslados, ingresos y estancias innecesarias y poco adecuadas a las características actuales de los hospitales, el refuerzo de la atención preventiva que evite la aparición o el empeoramiento de situaciones de dependencia, la actuación como mecanismo de prevención ante reingresos, y la reducción de la posible brecha de género existente en la intervención sociosanitaria de forma transversal.

Para ello, ha expuesto que se implantará una estructura organizativa de coordinación sociosanitaria y un modelo de gobernanza, a la que se incorporará a las entidades locales, al movimiento asociativo y a otros grupos de interés. También se establecerá una definición ajustada de la persona con necesidades de atención sociosanitaria para identificar los diferentes perfiles y los criterios de ajuste a los distintos recursos asistenciales, y se definirá el contenido de la cartera y catálogo de servicios y las intervenciones sociosanitarias.

Asimismo, se definirá la actuación de los servicios sociales y sanitarios en las unidades de cuidados intermedios, con la articulación de su procedimiento de acceso, así como las intervenciones a desarrollar por los diferentes niveles territoriales, y se propondrá la integración operativa y desagregada de los sistemas de información de la atención sociosanitaria. En último lugar, se elaborará un marco normativo y de financiación del modelo de la atención sociosanitaria.

A modo de ejemplo, la consejera de Salud y Consumo ha expuesto cómo, ante la ausencia de apoyo familiar en caso de ingreso hospitalario, y ante la dificultad para disponer de una plaza temporal en una residencia durante el periodo de convalecencia en el caso de causas sobrevenidas, o la falta de una plaza de carácter permanente en una residencia, esta Estrategia plantea las actuaciones precisas para que estas personas, con los problemas de salud que motivaron su ingreso ya resueltos, ocupen plazas residenciales y no plazas hospitalarias.

“Para ello se optimizarán los recursos públicos porque, en primer lugar, se liberarían camas y, en segundo lugar, el coste de la atención hospitalaria es mucho más alta que la de una plaza de residencia de personas mayores en situación de dependencia”, ha agregado, al tiempo que ha apuntado que, dado que muchas de estas situaciones precisan de la labor coordinada y sistemática de varias administraciones, “se hace necesaria una colaboración activa, compartiendo experiencias y recursos con un mismo objetivo. Y es justo el caso de esta Estrategia Andaluza para la Coordinación Sanitaria, que supone una mejora en la atención sanitaria de las personas que, a la vez, requieren del apoyo de los servicios sociales”, ha concluido.