Convergencia Andaluza (CA) ha puesto en marcha una campaña informativa para explicar a los vecinos de Almuñécar y La Herradura su versión sobre el convenio urbanístico de Torre Galera y las consecuencias económicas que, según la formación, ha tenido su anulación para las arcas municipales.

El partido sostiene que el convenio, firmado en 2005, contemplaba importantes aportaciones económicas destinadas a infraestructuras y equipamientos públicos, además de la cesión de terrenos al Ayuntamiento. Asimismo, recuerda que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobada en 2007 junto a los convenios urbanísticos, contó, según afirma, con informes técnicos y jurídicos favorables y recibió el respaldo unánime del Pleno municipal.

Convergencia Andaluza asegura que el cambio de criterio del gobierno municipal surgido tras el pacto entre PP, Izquierda Unida y PSOE, que permitió la investidura de Trinidad Herrera como alcaldesa, provocó la paralización del PGOU y la anulación de los convenios urbanísticos. A su juicio, esta decisión desembocó en la reclamación por parte de la promotora de las cantidades que había abonado al Ayuntamiento.

La formación afirma que las posteriores resoluciones judiciales obligaron al Consistorio a devolver esos importes, junto con los intereses correspondientes, lo que, según sus cálculos, ha supuesto un coste superior a los 20 millones de euros para el municipio.

Asimismo, CA recuerda que las denuncias presentadas sobre el destino de los fondos procedentes de los convenios urbanísticos fueron archivadas por la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que esos ingresos se destinaron a los fines previstos por la legislación vigente.

Con esta campaña, el partido andalucista pretende trasladar a la ciudadanía información que considera «documentada y contrastada» y poner a disposición de los vecinos la documentación que, según sostiene, respalda su versión de los hechos para explicar cómo se ha llegado a una situación que, a su entender, tendrá un importante impacto económico para el Ayuntamiento.

Por último, Convergencia Andaluza atribuye también responsabilidad al Partido Popular y al actual alcalde, Juan José Ruiz Joya, al considerar que, tras haber respaldado en su día el PGOU y los convenios urbanísticos consensuados con la formación andalucista, modificaron posteriormente su posición política y promovieron su anulación, una decisión que, según CA, ha derivado en la obligación de afrontar el pago de más de 20 millones de euros.